MADRID, 24 de septiembre. La Fiscalía ha tomado una posición clara al respaldar la solicitud de que el Tribunal Supremo (TS) inicie el proceso para que el Parlamento Europeo retire la inmunidad a Luis 'Alvise' Pérez, un eurodiputado que está bajo escrutinio por presunta financiación ilegal de su partido político, Se Acabó La Fiesta (SALF), de cara a las elecciones europeas programadas para el 9 de junio de 2024.

Este pronunciamiento del Ministerio Público se produce tras la solicitud del juez Julián Sánchez Melgar, quien pidió a las partes involucradas su opinión sobre la conveniencia de tramitar un suplicatorio que permitiría avanzar con el procedimiento penal en contra de 'Alvise'.

En un documento al que tuvo acceso Europa Press, el fiscal argumenta que el hecho de conceder el suplicatorio no compromete la protección que le otorga su cargo a Pérez, ni interfiere en el funcionamiento de la institución a la que pertenece, asegurando que se respetan todas las garantías necesarias para el libre ejercicio de su labor parlamentaria.

Asimismo, la Fiscalía sostiene que las investigaciones realizadas hasta la fecha han corroborado de manera convincente las sospechas que motivaron el inicio de la causa penal, incrementando su grado de implicación hasta alcanzar lo que considera un fundamento lógico de indicios delictivos.

En su análisis, se detalla que 'Alvise' Pérez se habría comunicado con el empresario Álvaro Romillo para solicitar su ayuda en la creación de 'wallets' mediante las cuales recibir donaciones anónimas, eludiendo así cualquier vigilancia financiera por parte de las autoridades competentes.

El fiscal informa que Romillo no solo implementó tres de estas 'wallets', sino que también presuntamente entregó a Pérez 100.000 euros en efectivo, destinados a financiar su campaña electoral para el Parlamento Europeo, ocultando la donación a las entidades encargadas de controlar los gastos de la campaña.

Los elementos de este caso fueron inicialmente traídos a la atención del Supremo por el juez José Luis Calama, después de que Romillo hiciera estas revelaciones en el marco de una investigación sobre una supuesta estafa piramidal relacionada con la plataforma de inversión Madeira Invest Club (MIC), que también está bajo indagación tanto en la Audiencia Nacional como en el TS.

Con base en este razonamiento, el TS decidió abrir una causa y, mientras se procesa el suplicatorio, citó a declarar a 'Alvise' y a Romillo. El eurodiputado se presentó de forma voluntaria, ya que no contaba con el permiso de la Eurocámara para ser interrogado. Aunque 'Alvise' negó haber utilizado los 100.000 euros para su campaña, el empresario confirmó que la donación tenía ese propósito.

Un informe reciente de la Policía Nacional se alinea con las declaraciones de Romillo, afirmando que 'Alvise' recibió el dinero para ayudar en la financiación de su campaña electoral y señalando una clara intención por parte del eurodiputado de buscar fuentes de financiación poco transparentes.

No se debe pasar por alto que el Tribunal Supremo tiene actualmente tres causas abiertas contra 'Alvise': una relacionada con la financiación ilegal, otra por la difusión de una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; y una tercera por acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert.