La controversia entre el exjuez Manuel García Castellón y la líder de Podemos, Ione Belarra, ha despertado un intenso debate en España. En este caso, la Fiscalía ha decidido respaldar la demanda del magistrado jubilado ante el Tribunal Supremo, al calificar de “ofensivos e innecesarios” los insultos que Belarra lanzó en sus redes sociales, donde lo tildó de “corrupto” y “prevaricador”. Sin embargo, en un giro interesante, los fiscales sugieren que la compensación recomendada de 240.000 euros debería ser significativamente reducida a 20.000 euros.

En un informe al que ha accedido Europa Press, la fiscal Lourdes Rodríguez ha argumentado que, aunque las expresiones de Belarra exceden lo aceptable en términos de crítica, es importante equilibrar el derecho al honor con la libertad de expresión. En este sentido, ha subrayado que la protección de la libertad de expresión es fundamental para la democracia, pero no debe significar que las personas puedan ser atacadas sin justificación.

La fiscal reconoce que acusar a un juez de corrupción y falta de imparcialidad es gravemente injurioso, dado que implica atribuirle comportamientos delictivos que afectan su dignidad y reputación profesional. Por lo tanto, concluye que, aunque Belarra pueda tener opiniones críticas, los términos que utilizó resultan desproporcionados e injustificables, especialmente al tratarse de un profesional del ámbito judicial.

En su análisis del caso, Rodríguez se cuestiona si las afirmaciones de la diputada contaban con algún tipo de justificación y llega a la conclusión de que no es así. Así, considera que los insultos carecen de un fundamento sólido, sugiriendo que el único objetivo detrás de ellos parece haber sido desacreditar al demandante en un momento crucial como su jubilación.

La fiscal señala que los mensajes lanzados en redes sociales por Belarra carecen de evidencia que sustente tales acusaciones, lo cual sería fundamental para formar una opinión pública crítica y bien informada. Este entorno mediático resalta el papel de figuras influyentes como los políticos, quienes, al emitir juicios de valor sin fundamentos, pueden distorsionar la percepción pública sobre un individuo.

A pesar de la seriedad de las ofensas, Rodríguez considera que los 240.000 euros que demanda García Castellón son “excesivos” y no están en línea con lo que normalmente se reconoce en este tipo de casos por el Tribunal Supremo, que varía entre 3.000 y 20.000 euros. Por eso, recomienda que la indemnización se fije en la cifra más baja propuesta.

Por último, la fiscal también toca el argumento de Belarra sobre su inviolabilidad parlamentaria, el cual desestima. A su juicio, las declaraciones en redes sociales por un parlamentario, especialmente aquellas que son ofensivas, no pueden ampararse bajo dicha protección, ya que esta solo aplica a las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones parlamentarias.

De esta manera, la legislación busca asegurar una actividad legislativa libre de coacciones, no otorgando privilegios personales que puedan ser mal utilizados. La protección institucional es fundamental para mantener la integridad del sistema democrático, pero es esencial que no se confunda con un permiso para desprestigiar a otros sin consecuencias.