Fiscalía rechaza levantar la inhabilitación de Junqueras hasta que el TC se pronuncie sobre su solicitud de amnistía.

El líder independentista catalán ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que se suspenda la única condena vigente que enfrenta por su participación en el 'procés'. Este pedido busca una medida cautelar mientras se resuelven sus recursos de amparo contra la negativa del Tribunal Supremo (TS) a concederles la amnistía por delitos relacionados con la malversación.
La Fiscalía del TC, representada por el fiscal Pablo Contreras, ha expresado su oposición a esta solicitud. En un informe al que ha tenido acceso Europa Press, Contreras sostiene que es inapropiado suspender la pena de inhabilitación que recae sobre Oriol Junqueras y Raül Romeva, argumentando que esto anticiparía el fallo sobre sus recursos y sería esencialmente una estimación prematura de su solicitud de amnistía.
El fiscal indica que, aunque Junqueras y Romeva han cumplido parcialmente su inhabilitación, la duración restante de sus penas es considerable, siendo hasta 2031 para Junqueras y 2030 para Romeva. Esta situación implica que el tiempo que les queda por cumplir es superior al periodo habitual de tramitación de un recurso de amparo, un hecho que ha llevado al TC a negar suspensiones en penalidades de larga duración en contextos similares.
El 11 de febrero, el Pleno del TC aprobó el examen de los recursos de amparo presentados por Junqueras, Romeva y la ex consejera Dolors Bassa, abriendo un proceso separado para estudiar su petición de suspensión cautelar de la inhabilitación. Según expertos legales, si el TC atendiera su solicitud de forma cautelar, podrían, temporalmente, reincorporarse a la posibilidad de ocupar cargos públicos hasta que se dicte una resolución sobre el fondo de sus recursos.
Aunque es común que se soliciten medidas cautelares, fuentes jurídicas subrayan que es poco habitual que se otorguen. Estos casos son los primeros en el ámbito de la amnistía que el TC ha admitido a trámite, en un contexto donde ya se han presentado 16 recursos de inconstitucionalidad vinculados a la ley de amnistía por diversas entidades y gobiernos.
Junqueras, Romeva y Bassa han impugnado dos decisiones del Supremo: una del 1 de julio, que negó la amnistía, y otra del 30 de septiembre, que reafirmó esta negativa. Los tres exdirigentes llevan sus argumentos al TC, alegando que la postura del Supremo ha vulnerado sus derechos fundamentales. En julio, el TS ya había decidido no conceder la amnistía citando que los implicados habían obtenido beneficios personales y afectaron los intereses financieros de la Unión Europea.
La decisión del TS tuvo un impacto directo en Junqueras, Romeva y Bassa, quienes, tras ser condenados por malversación, vieron cómo la negativa del alto tribunal mantenía vigentes sus penas de inhabilitación. Además, el Supremo ha llevado su propia cuestión de inconstitucionalidad al Constitucional, planteándolo sobre la ley de amnistía en relación con el delito de desórdenes públicos, argumentando que dicha norma infringe principios como el de igualdad y la seguridad jurídica.
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