En Madrid, el 3 de junio, la Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha expresado su profunda preocupación tras el acontecimiento ocurrido durante las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), donde un joven con discapacidad auditiva fue forzado a quitarse sus audífonos mientras realizaba el examen.

La organización, que ha decidido no revelar el lugar exacto del suceso para salvaguardar la privacidad del estudiante implicado, ha denunciado que esta práctica viola claramente los derechos fundamentales de personas con sordera. Según FIAPAS, obligar a un individuo a prescindir de sus prótesis auditivas, ya sean audífonos o implantes, es un acto que no se puede tolerar en una sociedad que promueve la inclusión.

Las prótesis auditivas, que son esenciales y están prescritas por profesionales de la salud, juegan un papel crucial en la capacidad de estas personas para acceder al sentido del oído. En este contexto, FIAPAS enfatiza que es tan inaceptable exigir a una persona con discapacidad auditiva que se despoje de sus audífonos como sería pedir a un usuario de silla de ruedas que deje de usarla durante un examen.

La confederación considera inaceptable que se priven a las personas con discapacidad auditiva de las herramientas que les permiten participar plenamente en la vida cotidiana y académica. Sin estas ayudas, su capacidad para interactuar, comunicarse y entender se ve drásticamente reducida, lo que afecta también su habilidad para atender a cualquier indicación importante que pueda darse durante la prueba.

A su vez, FIAPAS destaca el impacto emocional que esta situación puede ocasionar, ya que ser señalado frente a sus compañeros y verse despojado de un sentido que normalmente utilizan gracias a sus prótesis es, sin duda, un estrés adicional en un momento tan crucial.

Ante esta situación, la organización hace un llamado a las autoridades educativas y a las universidades implicadas en la PAU para que tomen medidas inmediatas que aseguren la no repetición de incidentes similares. FIAPAS concluye firmemente que el derecho a recibir educación en condiciones de igualdad debe ser protegido y garantizado para todos.