La junta de accionistas de Ferrovial ha respaldado con mayoría absoluta el plan de la empresa de trasladar su sede social a Países Bajos, mediante una fusión con su filial neerlandesa. La nueva firma tendrá su sede en Países Bajos, lo que supone que la compañía dejará de ser española. Sin embargo, todavía está pendiente saber si una parte de los accionistas que han votado en contra ejercerán su derecho de separación, vendiendo sus acciones a la empresa por su oposición al traslado.

Si solo un 2,56% de los accionistas lo ejerce en el plazo de un mes a contar desde este jueves, la operación no podrá salir adelante, puesto que Ferrovial deberá pagar una contraprestación que supere el límite de 500 millones que fijó en los términos de la operación. El proceso de tensiones entre el Gobierno español y la compañía ha llegado a su fin, y ahora el asunto abierto es el coste fiscal de la operación.

El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, ha defendido en su discurso en la junta que la operación podrá acogerse al régimen de neutralidad fiscal, al contar con motivos económicos y no fiscales para la fusión.

El principal accionista de Ferrovial es su presidente, Rafael del Pino, seguido de su hermana María del Pino, el fondo británico TCI, su otro hermano Leopoldo del Pino y los fondos BlackRock y Lazard. La junta se ha desarrollado con normalidad, aunque ha habido una mayor presencia de medios de comunicación y más intervenciones de accionistas criticando la posición del Gobierno.

La junta también ha aprobado otros acuerdos planteados en el seno del consejo de administración, como la reelección de su consejero delegado, Ignacio Madridejos, en la categoría de consejero ejecutivo, la reelección de Ernst & Young como auditor de las cuentas de la sociedad y de su grupo consolidado por un periodo de un año, y un plan de entrega de acciones dirigido a los miembros del consejo que desempeñen funciones ejecutivas.

Respecto a la remuneración al accionista, Ferrovial ha propuesto un dividendo flexible por un máximo de 520 millones de euros y una recompra de acciones por un total máximo de 500 millones de euros.