En Madrid, el Partido Popular (PP), bajo la dirección de Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado que su plan de regeneración democrática está prácticamente finalizado. Esta iniciativa incluirá, entre otras medidas, el despido inmediato del fiscal general del Estado en caso de ser procesado judicialmente. Asimismo, se plantea que el nombramiento del jefe del Ministerio Público dependa de la aprobación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El programa, que abarca más de 60 propuestas en áreas legislativas, ejecutivas y judiciales, tiene como objetivo principal la lucha contra la corrupción y la defensa de la independencia judicial, así como la protección del Parlamento frente a lo que consideran una “erosión” institucional provocada por el actual Gobierno de Pedro Sánchez, que lleva en el poder siete años. Estas afirmaciones han sido corroboradas por fuentes cercanas al PP, comunicaron a Europa Press.

Feijóo ha manifestado que estas reformas son de suma importancia, y ha trabajado en ellas junto con un grupo de expertos y académicos, muchos de los cuales prefieren permanecer en el anonimato por no querer asociarse formalmente al partido. Este impulso por la regeneración se llevará a cabo durante los primeros 100 días de su hipotético gobierno, según se comprometió públicamente.

Una de las propuestas destacadas en el plan es la relativa al fiscal general del Estado, donde el PP busca establecer que si este funcionario es procesado, su cese será inmediato y automático. Esta medida surge como reacción a la situación actual que enfrenta Álvaro García Ortiz, cuya dimisión ha sido exigida por el PP durante varios meses y que se enfrentará a un juicio histórico, acusado de un delito de revelación de secretos.

Este juicio marca un precedente, ya que nunca antes un fiscal general del Estado se había sentado en el banquillo. García Ortiz está bajo la lupa por una filtración de un correo electrónico relacionado con negociaciones que involucran a Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, con la Fiscalía en relación a un caso por fraude fiscal. Se enfrenta a graves consecuencias legales, que pueden incluir hasta seis años de prisión.

Aparte de la medida de cese automático, el PP también propone reformar el Estatuto del Ministerio Fiscal para asegurar que el nombramiento del fiscal general del Estado no sea únicamente una decisión gubernamental, sino que dependa también del visto bueno del CGPJ.

Además, el PP tiene en mente mejorar la integridad del Poder Judicial, lo que incluye la limitación de las puertas giratorias y un refuerzo de la independencia del Tribunal Constitucional y del CGPJ; también se plantea establecer un mandato de cinco años para el fiscal general, desvinculando su permanencia del ciclo electoral gubernamental.

El trabajo de articulación de este plan ha estado bajo la coordinación de Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, quien ha trabajado junto a su equipo durante todo el verano para afinar lo que se fundamenta en un documento original hecho público por Feijóo en enero de 2023 en Cádiz.

Con este plan, el PP busca demostrar que existen dos maneras de hacer política en España: la que respeta el Estado de Derecho y sus instituciones, defendida por Feijóo, y la que, según los populares, se basa en "colonizar" las instituciones, como critica el partido al enfoque del Gobierno de Sánchez.

El documento también contempla medidas para salvaguardar la integridad del Estado, incluyendo la recuperación del delito de sedición, la reversión de la reforma de la malversación y la prohibición de referendos ilegales.

Por otro lado, el plan incluye propuestas destinadas a fortalecer el poder legislativo, mejorar la calidad de las leyes limitando el uso del real decreto ley y regulando la frecuencia del Debate sobre el Estado de la Nación. También se propone la creación de una Oficina de Calidad Democrática.

Entre las iniciativas de buen gobierno, destaca el asegurar que la alcaldía corresponda a la candidatura con mayor apoyo popular en las urnas, establecer una comunicación regular entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, y prohibir el uso de recursos públicos en actos de partido.

Finalmente, se prevén acciones para restaurar el prestigio institucional mediante criterios de idoneidad para dirigir los organismos reguladores y medidas para recuperar la credibilidad de instituciones como el CIS, el INE, el CNI y RTVE, que, según el PP, han sufrido un deterioro durante esta legislatura.