
El Centro Español de Accesibilidad Cognitiva (CEACOG), dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, anunció que invertirá medio millón de euros para impulsar la figura del facilitador en los procesos judiciales para personas con discapacidad.
Esta figura profesional se encargará de promover la accesibilidad cognitiva en juicios y otros ámbitos de la Justicia, dando apoyo a personas con dificultades de comprensión y asegurando así que se cumple su derecho de acceso a la Justicia.
La Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica menciona expresamente la participación de un profesional experto que realice las tareas de adaptación y ajuste necesarias para que las personas ejerzan su derecho a ser entendidas en cualquier actuación procesal.
Según el Director del Real Patronato sobre Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales, Jesús Martín Blanco, la tutela judicial efectiva es un derecho constitucional, por lo que han creado la figura del facilitador judicial para asegurar el acceso a la justicia de personas con discapacidad sin discriminaciones. Con la figura del facilitador judicial se busca una participación eficaz de la persona con discapacidad en cualquier proceso en el que se vea implicada, garantizando que comprenda lo que está ocurriendo y, por tanto, tome decisiones informadas que eviten situaciones de indefensión.
La directora del CEACOG, Raquel Cárcamo, explica que es necesario evitar que las personas con discapacidad pasen por procedimientos judiciales sin entender lo que está pasando y sin poder defenderse, y está convencida de que la figura del facilitador procesal será muy importante para lograrlo. En colaboración con universidades, se realizará formación, se elaborarán materiales y se concederán becas formativas para impulsar la figura del facilitador judicial. Además, se realizarán actividades de pilotaje para la puesta en marcha de servicios de facilitación, y se difundirá esta figura entre entidades sociales, operadores jurídicos y su entorno. Por otro lado, se preparará e impartirá formación a psicólogos forenses en relación a la evaluación de necesidades de apoyo de personas con discapacidad.
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