El Ministerio de Derechos Sociales ha conformado una comisión de expertos compuesta por representantes de varios ministerios y organismos públicos, así como del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), para mejorar la regulación del facilitador judicial, según fuentes oficiales.

Este grupo de expertos considera que el facilitador judicial es fundamental para proteger a las personas con dificultades cognitivas en los procesos judiciales y asegurar su acceso a la justicia de manera equitativa y no discriminatoria, tal como lo establece la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Además, se destaca la iniciativa del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva de ofrecer la primera formación oficial, en colaboración con la Universidad de Educación a Distancia (UNED), para los facilitadores judiciales, con el objetivo de contar con una propuesta formativa específica.

Asimismo, se ha definido la figura del facilitador judicial en el Real Decreto sobre accesibilidad y no discriminación de personas con discapacidad en bienes y servicios públicos, lo que facilitará su comprensión y aplicación en la práctica.

El Ministerio de Derechos Sociales también ha destinado fondos a programas de ONG para la atención de personas con discapacidad en centros penitenciarios, demostrando su compromiso con este colectivo vulnerable.

Recientemente, la organización Plena Inclusión ha solicitado una mayor financiación para la figura del facilitador judicial, luego de que la ONU condenara a España por no garantizar el acceso igualitario a la justicia de una persona con discapacidad intelectual condenada a 25 años de prisión.

Según la denuncia presentada por Plena Inclusión, la falta de ajustes en el procedimiento legal desde el momento de la detención de la persona con discapacidad intelectual resultó en una violación de sus derechos fundamentales y el acceso a un juicio justo.

El Comité de la ONU ha instado a España a indemnizar a la persona afectada y a garantizar un proceso judicial equitativo y adaptado a sus necesidades conforme a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este sentido, la coordinadora del Área Jurídica de Plena Inclusión España señala la importancia de implementar legislación y políticas que eliminen las barreras para la participación de las personas con discapacidad en los procedimientos judiciales en condiciones de igualdad.

Plena Inclusión ha colaborado con la Clínica Jurídica de Derechos Humanos Javier Romañach en la denuncia presentada ante el Comité de la ONU, enfatizando la importancia de fortalecer la figura del facilitador judicial para garantizar la protección de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo en el ámbito judicial.

En resumen, el facilitador judicial se presenta como una figura indispensable tanto para las personas con discapacidad intelectual como para otros colectivos vulnerables, como las personas con sordoceguera o problemas de salud mental, en aras de asegurar un acceso a la justicia equitativo y adaptado a sus necesidades específicas.