En Madrid, el 3 de octubre, se ha generado un intenso debate en torno a la propuesta del Gobierno de garantizar el aborto en la Constitución española. Aunque algunos expertos en Derecho Constitucional la consideran "jurídicamente factible", la mayoría coincide en que su implementación es poco probable debido a la intensa polarización política que se vive en el país.

Javier Tejadura, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco, ha manifestado en declaraciones a Europa Press que el blindaje del aborto en la Carta Magna podría llevarse a cabo desde una perspectiva legal. Sin embargo, enfatizó que cualquier enmienda constitucional requeriría una mayoría cualificada en el Congreso, lo cual es un obstáculo considerable dadas las circunstancias políticas actuales.

Tejadura subrayó que el simple hecho de que una reforma sea posible desde un punto de vista jurídico no garantiza que se materialice. "Sin un consenso entre los diputados, esto es solo un debate vacío. Es teóricamente posible, pero sin la mayoría necesaria, no hay nada que hacer", puntualizó.

El catedrático también expresó dudas sobre la relevancia práctica de la propuesta, ya que el aborto ya está regulado y protegido por ley. "La única diferencia es que una reforma constitucional es más difícil de revocar que una ley ordinaria", agregó.

En una línea similar, David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, advirtió que la posibilidad de realizar esta modificación constitucional depende de cuál artículo se quiera modificar. Según él, se necesita el apoyo del Partido Popular, que ya se ha manifestado en contra de esta iniciativa, lo que limita el recorrido real del proyecto.

Ortega también señaló que, si finalmente se incluyera el aborto en la Constitución, tendría un impacto jurídico significativo, ya que futuras leyes no podrían contradecir este derecho protegido. "Si se incorpora, tendría esa protección", argumentó.

José María Porras, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada, comentó que aunque técnicamente es posible blindar el aborto en la Constitución, hacerlo a través del artículo 168 es extremadamente complicado. Coincidió en la necesidad de alcanzar un consenso político, algo que hoy parece inalcanzable entre los principales partidos.

El contexto de esta propuesta surge tras la controversia por una iniciativa de Vox apoyada por el PP en el Ayuntamiento de Madrid, que busca proporcionar información sobre un supuesto "síndrome post aborto" a las mujeres que deseen interrumpir su embarazo. Frente a esto, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende situar a España como el segundo país en el mundo en inscribir el derecho al aborto en su Constitución, después de que Francia lo hiciera en 2024.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, apoyó esta propuesta durante un acto conmemorativo por los 40 años de la legalización del aborto en España, citando la importancia de seguir el ejemplo de otros países europeos como Francia. "Es fundamental que cuando los derechos se reconozcan constitucionalmente, haya un respeto a las reglas democráticas, independientemente del cambio de mayorías en el Gobierno", defendió Redondo.

Sin embargo, en marzo de 2024, Redondo reconoció que las condiciones en España no son propicias para un blindaje constitucional del aborto. En una entrevista con TVE, señaló que actualmente no se presentan las circunstancias necesarias para llevar a cabo estos cambios y alcanzar los consensos políticos requeridos.