En Madrid, el 20 de marzo, el exfuncionario de la Delegación del Gobierno en Andalucía, Antonio Fernández, se presentó este jueves en el Senado para aclarar su situación respecto a supuestas irregularidades en concesiones públicas. Durante su intervención en la comisión de investigación, Fernández negó categóricamente haber solicitado apoyo del exasesor Koldo García, enfatizando que su fuente de ingresos proviene exclusivamente de su salario como trabajador por cuenta ajena.

Fernández, que no se encuentra bajo investigación, optó por responder de manera general a preguntas sobre su carrera profesional y se justificó al evitar contestar a aquellas que no pudiera abordar debido a la falta de acceso al expediente judicial. "No he tenido acceso al sumario ni a la instrucción, solo sé lo que aparece en los medios de comunicación. En este contexto, tengo derechos que proteger", explicó.

Convocado por la mayoría del Partido Popular en el Senado, Fernández fue llamado a testificar como representante de la empresa Obras Públicas y Regadíos. Según afirmaciones de los 'populares', esta firma ha colaborado con la empresa Áridos Anfersa, que aumentó notablemente sus adjudicaciones públicas tras la incorporación de Patricia Úriz, expareja de García.

Frente a la pregunta directa sobre si había solicitado ayuda a Koldo García para obtener contratos, su respuesta fue contundente: "De ninguna manera". No obstante, reconoció conocer al exasesor. Igualmente, al ser interrogado acerca de su relación con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, Fernández aseguró no tener contacto directo con él, señalando que pudo haberlo visto en algún evento, pero nunca se ha reunido personalmente.

En su papel en la industria constructora, Fernández se define como delegado de la zona sur y enfatiza que no es empresario ni posee acciones en ninguna compañía. "Soy un trabajador por cuenta ajena y vivo únicamente de mi salario", reiteró, aunque admitió haber tenido poderes en la empresa que fueron revocados al pasar a la Delegación del Gobierno.

Respecto a la suscripción de un contrato de emergencia con Adif, defendió que es habitual que todas las empresas oferten sus servicios, subrayando que se trata de una práctica completamente legal. Aclaró también que, en su caso, la obra no llegó a adjudicarse, ya que las contrataciones de emergencia se realizan de manera directa y las empresas simplemente manifiestan que cuentan con los recursos necesarios.

Durante su gestión en la Delegación del Gobierno, informó que fue contactado por el actual delegado, Pedro Fernández, quien deberá comparecer ante la comisión a finales de este mes. Fernández detalló que su función fue la de coordinador técnico, brindando asesoría sobre temas de infraestructura, basándose en sus competencias y formación.

Fernández dejó claro que no está vinculado a ninguna agrupación política y que nunca ha emitido declaraciones de carácter político, además de rechazar haber pagado comisiones por su trabajo. También aclaró que su cargo no era incompatible con su posición en la empresa constructora, argumentando que "no existe ningún tipo de incompatibilidad", ya que la Delegación del Gobierno no se dedica a la contratación, y él realizaba un "trabajo técnico".

Finalmente, al ser interrogado sobre un mensaje enviado a Rubén Villalba, un guardia civil involucrado en la investigación, reconoció que había enviado dicha comunicación, afirmando que conocía a Villalba como un alto cargo que mantenía vínculos con diversas administraciones y empresas. Fernández justificó este contacto, indicando que era común que los guardias civiles brindaran información a empresas privadas, considerándolo una práctica normal.

En relación con un mensaje donde mencionaba "nos paga el mismo jefe", Fernández aclaró que se refería al "Estado" y no a ninguna persona específica, desvinculando así cualquier insinuación de irregularidades en su comunicación.