El Parlamento Europeo ha emitido una resolución que pone en evidencia el peligro que enfrenta la democracia en Colombia, debido a la violencia política y el terrorismo en aumento en el país. Este pronunciamiento también solicita a la Unión Europea que siga la recomendación de Estados Unidos e incluya a grupos criminales colombianos, como el 'Clan del Golfo' y el 'Cartel de los Soles', en su listado de organizaciones terroristas, señalando su apoyo a actividades de grupos armados en la región.

La resolución fue aprobada en Estrasburgo, con 355 votos a favor, 173 en contra y 15 abstenciones. El texto recibió el respaldo de formaciones como el Partido Popular, Vox y PNV, mientras que los partidos de izquierda como el PSOE, Podemos, Sumar, BNG, Bildu y Compromís votaron en contra.

En particular, la Eurocámara instó a la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, y a los gobiernos del Consejo a que se consideren al 'Clan del Golfo', así como a disidencias de las FARC como el grupo Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, y al 'Cartel de los Soles', como organizaciones terroristas.

Uno de los puntos más destacados de la resolución es la exigencia de realizar una investigación profunda sobre atentados terroristas en Colombia, incluyendo el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, para asegurar que los responsables sean llevados ante la justicia.

Los eurodiputados subrayan que el caso de Uribe Turbay no debe considerarse un hecho aislado; es un reflejo de un entorno de "intimidación política y violencia". Asimismo, expresan su apoyo a aquellos en Colombia que se oponen a la violencia y corrupción, defendiendo la democracia.

La resolución también advierte sobre la creciente polarización política y menciona que ciertas declaraciones provocadoras de miembros del gobierno han alimentado el odio y la inestabilidad en el país.

Como respuesta a esta situación, la Eurocámara enfatiza la necesidad de que el Estado colombiano actúe "sin demora" para proteger a políticos, defensores de derechos humanos, periodistas y cualquier ciudadano que haga uso de sus derechos democráticos.

Además, ante los ataques sufridos por políticos en 2025, se solicita implementar medidas de seguridad "sólidas" para asegurar que las elecciones de 2026 se realicen de manera "libre y segura", subrayando la importancia de combatir la impunidad para prevenir nuevos ataques y resguardar los derechos políticos.