España enfrenta rechazo internacional a condicionar reconocimiento del catalán en la UE

Varios países europeos han expresado su desacuerdo con la estrategia del Gobierno español para vincular el reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales de la Unión Europea con la aprobación de la ampliación del bloque. La propuesta, defendida por el Gobierno español, busca que estos idiomas sean reconocidos en el reglamento de lenguas de la UE antes de avanzar en la incorporación de nuevos Estados, como Albania y Montenegro.

En la reunión de ministros europeos en Bruselas, países como Lituania, Alemania, Suecia y Croacia manifestaron su postura contraria. Argumentan que la política lingüística de España no debe condicionar decisiones de ampliación y que el debate sobre lenguas oficiales debe mantenerse en el ámbito interno y técnico de la UE, sin afectar el proceso de integración de nuevos miembros.

Esta postura refleja una tensión política interna en España, donde el Gobierno intenta avanzar en la oficialidad de estas lenguas en el marco europeo, mientras que otros socios consideran que el asunto es de carácter doméstico y no debe usarse como condicionante en negociaciones de política exterior y ampliación.

El Gobierno español, representado por el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, insiste en que ha atendido todas las dudas jurídicas, económicas y prácticas para justificar su propuesta. Además, asegura que no se requiere modificar los Tratados europeos, ya que solo se trata de un reconocimiento en el reglamento de lenguas, sin afectar la naturaleza de las lenguas en la UE.

El debate en Bruselas, enmarcado en una sesión de información, no implica decisiones inmediatas, aunque refleja la persistente resistencia de ciertos socios a las reclamaciones de España. La discusión técnica en grupos de trabajo será clave para determinar si la propuesta avanza en los próximos meses, en un contexto de negociación compleja y de fuerte sensibilidad política.

En el contexto político europeo, esta disputa evidencia la dificultad de conciliar las aspiraciones internas de los Estados con las reglas de un proyecto comunitario que busca unidad y coherencia. La resolución de este conflicto será determinante para las futuras relaciones de España con sus socios, y para la percepción de la política lingüística en el marco europeo.