El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha tomado la decisión de iniciar juicio oral contra el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, debido a sospechas de irregularidades en los contratos de mascarillas gestionados por el ministerio de Transportes durante la crisis sanitaria. Además, ha determinado que ambos, Ábalos y García, permanezcan en prisión.

Esta resolución del juez se produce poco después de que la Sala de Apelación desestimara las apelaciones presentadas por Ábalos y García, quienes intentaron evitar su procesamiento por varios delitos graves, incluyendo cohecho, asociación ilícita, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.

La Fiscalía ha solicitado penas significativas: 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para su asesor Koldo, y siete años para el empresario Aldama. En paralelo, las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, exigen incluso mayor severidad, pidiendo 30 años para los dos primeros y las mismas solicitudes del Ministerio Público para el empresario.

Ante la inminente celebración del juicio, las partes acusadoras han instado al magistrado a considerar la prisión provisional de Ábalos y García, argumentando que las elevadas penas solicitadas presentan un riesgo de fuga. El juez estuvo de acuerdo con este argumento y determinó que ambos fueran recluidos en la prisión de Soto del Real desde el 27 de noviembre.

En la jornada de este jueves, el magistrado ha decidido mantener a ambos en prisión preventiva. Al mismo tiempo, les ha impuesto una fianza de 60.000 euros para garantizar las posibles responsabilidades económicas que pudieran surgir en el transcurso del juicio. Se les ha notificado que, en caso de no abonar esta fianza en un plazo de cinco días, se procederá al embargo de bienes hasta cubrir dicha cantidad.

Respecto a Aldama, el juez ha optado por mantener las restricciones previamente impuestas, que incluyen la retirada de su pasaporte, la prohibición para salir del país y la obligación de presentarse quincenalmente ante la autoridad judicial.

De acuerdo con la resolución del magistrado, Ábalos, Koldo y Aldama deberán presentar sus defensas en un plazo de diez días. Se les ha advertido que la falta de entrega de dichos escritos se interpretará como una oposición a las acusaciones, permitiendo que el procedimiento continúe su curso legal.

Es importante resaltar que Leopoldo Puente ha decidido llevar a juicio a los tres implicados después de haber dividido el caso en varias partes, concentrándose en esta ocasión en las acciones relacionadas con los contratos de mascarillas y separando la investigación sobre supuestos cobros de comisiones por obras públicas en una pieza diferente.