El 15 de enero en Madrid, se ha dado a conocer que el Tribunal Supremo ha desestimado la solicitud del exasesor del gobierno, Koldo García, quien había solicitado la imposición de una fianza al empresario Víctor de Aldama en relación con el juicio por las presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas durante la crisis sanitaria global.

El magistrado encargado del denominado 'caso Koldo', Leopoldo Puente, a través de una providencia que ha sido divulgada por Europa Press, ha aclarado que la fianza de 60.000 euros impuesta tanto a García como al exministro José Luis Ábalos no se fundamenta en el hecho de que estén bajo prisión provisional mientras que Aldama se encuentra en libertad.

Puente ha señalado que el fundamento para la fianza es "más sencillo", explicando que "las posibles responsabilidades civiles en este caso están relacionadas con la eventual comisión de delitos que se atribuyen solo a ellos (García y Ábalos) y no a Aldama", según las acusaciones formuladas en este proceso penal específico.

En detalle, el magistrado mencionó la posibilidad de que ambas partes deban indemnizar a las empresas públicas Ineco y Tragsatec, indicando que "dichas responsabilidades civiles son fundamentales, tal y como se detalla en el auto que da inicio al juicio oral, ya que se busca asegurar cautelarmente el cumplimiento de las posibles obligaciones económicas que se deriven de este caso".

Koldo García había argumentado que la fianza debería ser extendida a Aldama, afirmando que la responsabilidad civil debe ser "solidaria entre todos los implicados" —los tres procesados— y destacando la "exorbitante capacidad económica y solvencia material" de Aldama como motivo de su solicitud.