El Tribunal Supremo ha decidido avanzar con un recurso contencioso-administrativo que busca como medida cautelar la suspensión de 3.000 millones de euros en préstamos estatales a interés del 0% destinados a la unión temporal de empresas (UTE) compuesta por Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E). Estos fondos están destinados a prefinanciar los dos principales programas de artillería, parte de la estrategia de modernización militar del Gobierno. Esta información ha sido corroborada por documentos judiciales obtenidos por Europa Press.

La razón detrás de la solicitud para suspender cautelarmente estos préstamos, una cuestión aún pendiente de resolución, forma parte del recurso presentado por Santa Bárbara Sistemas, perteneciente al grupo General Dynamics European Land Systems (GDELS). Esta acción legal cuestiona la asignación de créditos a la UTE de Indra y Escribano para los proyectos de obuses sobre ruedas, valorizados en 1.181 millones de euros, y de obuses sobre cadenas, que ascienden a 1.821 millones.

Los préstamos en cuestión están incluidos en el real decreto firmado el 14 de octubre de 2025, el cual establece las directrices para la concesión directa de créditos dirigidos al desarrollo industrial de programas de modernización militar específicos.

En total, el Gobierno ha otorgado 14.224 millones de euros en préstamos sin intereses a diversas empresas, con el fin de facilitar la prefinanciación de proyectos de modernización en el ámbito militar.

Los programas liderados por Indra, ya sea de manera independiente, en alianza o a través de la entidad Hisdesat (que ahora controla desde hace algunos días), han recibido en conjunto 7.944 millones de euros en préstamos del Estado. Por su parte, Airbus ha alcanzado un total de 4.030 millones, incluyendo un programa conjunto de 350 millones con Indra, mientras que Navantia suma 2.292 millones en este ámbito.

Los dos créditos ahora en cuestión son, de hecho, los más significativos otorgados a Indra, que se encargará de gestionar proyectos en diversos territorios (tierra, mar, espacio y ciberespacio), a diferencia de los asignados a Airbus y Navantia, que están más centrados en áreas aéreas y navales, respectivamente.

FUNDAMENTOS DE SANTA BÁRBARA PARA SU ACCIÓN JUDICIAL

En relación con este tema, fuentes de Santa Bárbara Sistemas han hablado con Europa Press y han confirmado la admisión del recurso contencioso-administrativo. Estas fuentes enfatizaron que el propósito de esta iniciativa legal es "proteger la tecnología española, salvaguardar a los trabajadores y proveedores de la empresa, y potenciar las capacidades industriales del sector de defensa en España".

Además, la compañía ha destacado que continúa su diálogo con el ecosistema industrial nacional en el sector de defensa para alinearse con los objetivos del Gobierno en los programas de modernización militar.