El Tribunal Constitucional (TC) se prepara para examinar, en su próxima sesión plenaria, el recurso interpuesto por el Partido Popular (PP) en relación con la controvertida 'Ley Trans', que fue promovida por la ex ministra de Igualdad, Irene Montero. Este análisis se fundamenta en un borrador de ponencia que sugiere respaldar los aspectos esenciales de la normativa, aunque con ciertas modificaciones.

Durante la reunión, los magistrados deliberarán sobre el recurso que el PP ha presentado en contra de diversos artículos de la Ley 4/2023, referente a la igualdad efectiva de las personas trans y la protección de los derechos del colectivo LGTBI. La ponencia, elaborada por el magistrado de tendencia progresista, Juan Carlos Campo, indica que hay motivos para considerar parcialmente la impugnación del PP, aunque sugiere que las objeciones planteadas son de menor relevancia, permitiendo validar lo fundamental de la ley.

En específico, el PP ha cuestionado el artículo 19.2, que otorga a los menores de 12 a 16 años la posibilidad de solicitar una modificación genital si así lo desea, siempre que se considere que tienen la madurez necesaria para consentirlo de manera informada. Además, han objetado otros apartados del artículo 43 que permiten a los menores de 15 y 16 años solicitar el cambio de sexo en el Registro Civil con la autorización de sus representantes legales.

Las críticas también han apuntado hacia los apartados 3 y 9 del artículo 44, que eliminan la necesidad de un informe médico o psicológico para llevar a cabo estos trámites, así como de cualquier modificación previa de la apariencia o función corporal mediante procedimientos médicos. Asimismo, el Partido Popular ha impugnado el artículo 47, que permite a las personas que han cambiado su mención registral sobre el sexo volver a su posición anterior tras un período de seis meses.

Otros puntos discutidos incluyen el apartado 3.b) del artículo 79, que califica como infracción administrativa cualquier acto que genere un trato desigual hacia las personas trans. También han criticado los apartados 4 e) y f) del mismo artículo, que consideran graves infracciones relacionadas con el uso de materiales educativos que pudiesen indicar una jerarquía en dignidad humana según la orientación o identidad sexual.

Se anticipa un acalorado debate sobre estas impugnaciones, incluso entre los magistrados progresistas del TC, quienes ven con recelo la facilidad de los cambios en el registro sexo, indicando que podría acarrear inseguridad jurídica.

Por otro lado, el Pleno del Tribunal también evaluará la admisibilidad del recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra el Real Decreto-ley 2/2025, que introduce medidas urgentes para asegurar el interés de la infancia y juventud frente a situaciones de migración extraordinaria. Este real decreto establece un sistema de distribución de menores migrantes no acompañados entre diversas comunidades autónomas, el cual el PP considera "discrecional" y acordado con intereses políticos en lugar de en pro del bienestar de los menores.

La Abogacía General de la Comunidad de Madrid ha argumentado que este decreto es inconstitucional, pues invade competencias que pertenecen exclusivamente al Gobierno regional, señalando que la acogida inicial de migrantes menores debería ser administrada por las comunidades que poseen competencias en la protección de menores. También se critica la falta de un soporte financiero adecuado para atender a esta población desplazada.

Además, el TC deberá decidir sobre un recurso del PP que impugna un apartado de la Ley Orgánica 1/2025, que permitiría al País Vasco gestionar los funcionarios de administración local con carácter nacional, lo que, según el PP, representaría una cesión inadmisible de competencias estatales y socavaría la uniformidad del sistema de funcionarios.

Por último, los magistrados también revisarán la solicitud del secretario general de Junts, Jordi Turull, quien busca que se le levante la pena de inhabilitación por su condena relacionada con el 'procés'. La admisión de su recurso se suma a otros casos semejantes, donde el Constitucional ha mostrado disposición para considerar medidas cautelares a pesar de la oposición de la Fiscalía.

Las fuentes consultadas sugieren que hay un consenso creciente sobre la necesidad de examinar estos recursos más a fondo, lo que deja abierta la puerta a futuros debates significativos dentro del Tribunal Constitucional.