El Pleno del Tribunal Constitucional se prepara para admitir la próxima semana el recurso planteado por las Cortes de Aragón, un paso significativo en la creciente oposición a la ley de amnistía promovida por el Gobierno. Esta decisión llega en un contexto donde diversas comunidades autónomas, bajo la gestión del Partido Popular y la administración socialista de Emiliano García Page en Castilla-La Mancha, han decidido impugnar dicha ley, reflejando la preocupación existente ante sus implicaciones legales.

Según han informado fuentes jurídicas a Europa Press, los análisis realizados por los abogados del Tribunal Constitucional han determinado que las comunidades autónomas efectivamente tienen la legitimidad para desafiar la ley de amnistía. Esta conclusión despeja el camino para que las impugnaciones presentadas por las distintas regiones sean consideradas en el pleno de la Corte, lo que podría tener un impacto significativo en el futuro de esta normativa.

Cándido Conde-Pumpido, presidente del TC, tomó la iniciativa de solicitar un estudio a cuatro letrados especializados en la materia, con la finalidad de resolver la cuestión de la legitimación de las comunidades autónomas para plantear sus recursos. Este enfoque busca establecer un marco claro y general para los 15 recursos de inconstitucionalidad que se han interpuesto hasta la fecha por parte de gobiernos y asambleas regionales, garantizando así un proceso más ordenado en la tramitación de estos casos.

Fuentes cercanas al Tribunal han indicado que el informe elaborado ha concluido de manera favorable a la legitimación de las comunidades, un criterio que también fue sostenido por el letrado asignado a Laura Díez, quien es la magistrada encargada de evaluar el primer recurso de inconstitucionalidad presentado por una comunidad, en este caso, el correspondiente a las Cortes de Aragón.

De este modo, se espera que el Pleno del Tribunal Constitucional tome una decisión sobre la admisibilidad del recurso de Aragón en su próxima sesión. Las estimaciones apuntan a que los magistrados aprobarán su tramitación, lo que sentaría un precedente importante que podría influir en los otros 14 recursos que han sido presentados por diversas comunidades autónomas en contra de la ley de amnistía.

Cabe recordar que el Tribunal ha recibido previamente otro tipo de impugnaciones, incluyendo la cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Tribunal Supremo y un recurso elaborado por diputados y senadores del Partido Popular. En total, la oposición a la ley de amnistía ha reportado cuatro cuestiones —dos del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y una del Tribunal Supremo— y 16 recursos, abarcando administraciones de diversas comunidades como Cantabria, Madrid, Galicia, Murcia, Andalucía, Valencia, Castilla y León, La Rioja, Extremadura y Baleares.