El Supremo obliga a facilitar nombres y DNI de beneficiarios de fondos europeos antes del 29N
El Supremo exige al Gobierno facilitar antes del 29N los nombres y DNI de beneficiarios de fondos europeos, reforzando el control parlamentario.
El Tribunal Supremo ha ordenado al Gobierno que en un plazo de diez días proporcione los datos completos de los beneficiarios de los fondos Next Generation de la Unión Europea, incluyendo nombres y DNI. La decisión responde a un litigio iniciado por la senadora del PP Eva Ortiz, que solicitó un listado detallado de los perceptores, excluyendo a aquellos que recibieron menos de 10.000 euros.
Este requerimiento se produce en un contexto de tensión política y control parlamentario sobre la gestión de fondos europeos. La sentencia obliga al Ejecutivo a entregar información que, hasta ahora, había sido anonimizada en buena parte, lo que ha generado polémica sobre la transparencia y la posible ocultación de datos.
La implicación principal radica en la lucha por la rendición de cuentas y la supervisión del uso de fondos públicos. La oposición, principalmente el PP, ha insistido en la necesidad de conocer en detalle quiénes han recibido mayores cantidades para detectar posibles irregularidades o casos de corrupción.
Desde el Gobierno, la respuesta ha sido que cumplen con las directrices de la Comisión Europea y que solo se facilitará un listado de personas jurídicas, no físicas, en parte anonimizado. Sin embargo, el Supremo ha dejado claro que esta justificación no ampara la anonimización total y ha ordenado la entrega completa de los datos.
Este fallo refleja la tensión entre la transparencia administrativa y la protección de datos personales, en un momento en que el país se prepara para las elecciones generales del 29 de noviembre. La decisión puede tener repercusiones en la forma en que se gestionan y supervisan los fondos públicos en el futuro, reforzando el papel del control parlamentario.
En un panorama más amplio, la resolución del Supremo marca un precedente en la fiscalización del uso de fondos europeos y la responsabilidad del Ejecutivo en la gestión pública, en un contexto de creciente interés político y social por la transparencia y la lucha contra la corrupción.