El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción de seis meses de suspensión de empleo impuesta a un sargento primero de la Guardia Civil que se llevó a la alcaldesa de Santa María de Cayón (Cantabria), María del Pilar del Río, del lugar de un accidente de tráfico que ella misma provocó. El objetivo del sargento era evitar que la alcaldesa fuese multada.

El alto tribunal desestimó el recurso interpuesto por la defensa del guardia civil y respaldó la decisión de rebajar su condena de un año a seis meses de suspensión de empleo. Esta resolución considera que la sanción está debidamente motivada e individualizada.

La Sala de lo Militar enfatizó que la sanción de suspensión de empleo no es la más grave y que fue impuesta en su mínima extensión, ya que puede abarcar hasta tres años.

El incidente ocurrió el 6 de noviembre de 2021, cuando un Toyota Yaris chocó con un Seat Ibiza, empujando este último hacia el carril bici de la carretera. El conductor del Seat se bajó para verificar el estado de los ocupantes del otro vehículo y su pareja llamó al 112 por el dolor que sentía debido al impacto.

Fue entonces cuando el alcaldesa, que conducía el Toyota Yaris, fue informada por el hombre del Seat de que iba a llamar a la Guardia Civil y que una ambulancia estaba en camino. A los pocos minutos, el sargento de la Benemérita se presentó en el lugar del accidente de paisano y en su propio coche, identificándose como "sargento de astillero".

El sargento solicitó la documentación del conductor del vehículo impactado y tomó fotografías del mismo y de los daños causados. Además, obtuvo el número de teléfono del conductor.

Posteriormente, llegaron los agentes de la Guardia Civil alertados por la llamada al 112. El sargento les informó de que todo estaba resuelto y que habían acordado arreglar el parte por el pequeño choque. Sin embargo, para sorpresa de los agentes y los ocupantes del Seat, tanto la alcaldesa como el sargento de paisano habían abandonado sigilosamente el lugar del accidente sin avisar.

La patrulla dio aviso a la central y se enviaron más agentes para encargarse de la situación. También se descubrió que el sargento de paisano habría facilitado que la responsable del accidente, la alcaldesa, abandonara sin poder ser identificada y sin someterse a pruebas de detección de alcohol o drogas.

Los agentes intentaron contactar con el sargento, pero no obtuvieron respuesta. Finalmente, lo encontraron en el puesto de astillero y el teniente le pidió explicaciones. El sargento admitió haberse llevado a la alcaldesa porque era una figura pública, aunque reconoció que su actuación obstruyó la realización de diligencias importantes.

Ese mismo día, los agentes se dirigieron al domicilio de la alcaldesa, pero no pudieron encontrarla. Sin embargo, nueve días después del accidente, la regidora se presentó en las instalaciones de la Guardia Civil para declarar sobre lo sucedido.