El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por Vector Ronda, una filial de Cabify, que solicitaba una indemnización millonaria por el traspaso de competencias de las licencias VTC en materia urbana a las comunidades autónomas. El Alto Tribunal respalda esta normativa conocida como 'Decreto Ábalos', que limita las autorizaciones VTC al ámbito interurbano y establece un periodo transitorio de 4 años

La empresa argumentaba que este periodo no compensaba los perjuicios económicos derivados de la norma, ya que se veían obligados a dejar de prestar el servicio urbano si así lo decidían las comunidades autónomas. Vector Ronda calcula un perjuicio total de 237 millones de euros por sus licencias VTC en Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Castilla-La Mancha.

La Abogacía del Estado considera que el decreto se ajusta al sistema constitucional de distribución de competencias en materia de transportes terrestres, y destaca que algunas comunidades como la de Madrid han legislado a favor de la continuidad de los servicios VTC. La sentencia del Tribunal Supremo respalda estos argumentos y sostiene que las autorizaciones de VTC no generan derechos patrimoniales consolidados o adquiridos.

El Alto Tribunal también descarta que el decreto suponga un trato discriminatorio hacia las VTC en comparación con los taxis, ya que solo ajusta la autorización estatal a las competencias estatales en materia de transportes.