En un acto que reafirma su control sobre el país, Hibatulá Ajundzada, líder del régimen talibán, ha instruido a sus ministros y funcionarios gubernamentales para que dejen de usar la palabra "interino" al referirse a sus roles. Esta decisión simboliza, según Ajundzada, una consolidación del Emirato Islámico, coincidiendo con el cuarto aniversario de su regreso al poder.

En un mensaje emitido recientemente, Ajundzada enfatizó que el actual gobierno continuará persiguiendo "la prosperidad y la paz" del pueblo afgano, todo ello bajo la estricta aplicación de la sharia y la ley islámica. Durante estos cuatro años, los talibanes han utilizado este marco legal para justificar diversas violaciones a los derechos humanos.

Cada 15 de agosto, el régimen celebra lo que considera su "gran victoria" en la lucha contra la "ocupación" de Estados Unidos y sus aliados. Este lema fue reiterado por el líder talibán en un comunicado, donde afirmó que Afganistán ha alcanzado "paz total" gracias a lo que ellos denominan doctrina islámica.

Sin embargo, esta proclamación choca con la realidad que han documentado observadores y expertos independientes, quienes han denunciado una serie de abusos perpetrados bajo el mandato talibán. Relatores de la ONU han caracterizado la situación como un "asalto implacable" a los derechos y libertades fundamentales.

Expertos en derechos humanos han señalado que el régimen talibán ha instaurado un sistema de represión de género, que aplasta la disidencia y censura los medios de comunicación independientes, mostrando un desprecio absoluto hacia la igualdad y la no discriminación.

Las mujeres y niñas se han convertido en las principales víctimas de este sistema opresor, siendo excluidas de los espacios de poder y del ámbito público, sin acceso a la educación superior.

Según Reporteros Sin Fronteras, un asombroso 80 por ciento de las mujeres periodistas han abandonado sus ocupaciones, mientras que las que permanecen en el sector enfrentan un entorno de miedo constante y amenazas. Cualquier acto de desafío puede resultar fatal para ellas.

A lo largo de estos años, el régimen ha restaurado prácticas de ejecución y castigos físicos públicos, instaurando un sistema donde se han reportado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas. Las leyes ahora aplicadas privilegian el extremismo islámico sobre los principios de justicia.

La responsable de campañas para la región en Amnistía Internacional, Samira Hamidi, expresó su preocupación señalando que, después de cuatro años bajo el talibán, el marco jurídico existente es extremadamente opaco y coercitivo, priorizando la obediencia a costa de los derechos y silenciando la verdad.

A pesar de esta opresión, la población afgana no se resigna a renunciar a las libertades experimentadas en las dos décadas anteriores antes de la llegada de los talibanes. Una encuesta de ONU Mujeres indica que el 40 por ciento de las mujeres encuestadas todavía sueña con un futuro donde el cambio y la igualdad sean factibles.

La representante de ONU Mujeres en Afganistán, Susan Ferguson, destacó que este optimismo es "un salvavidas y una estrategia política", describiendo las aspiraciones de estas mujeres como un acto de resistencia en un país que se ha convertido en un bastión de intereses para un pequeño grupo político que controla Kabul.