En un giro significativo de los acontecimientos políticos en España, el PSOE ha puesto en marcha una propuesta en el Congreso que exige al Tribunal de Cuentas realizar una revisión detallada de la Fundación Disenso. Esta fundación, que está bajo la presidencia de Santiago Abascal, líder de Vox, se encuentra en el centro del escrutinio por los años 2020 a 2025.

Aunque las fundaciones vinculadas a partidos políticos son entidades privadas, reciben fondos públicos y, por tanto, están sujetas a una auditoría anual por parte del Tribunal de Cuentas. En el último análisis sobre el ejercicio de 2020, que marca el año de formación de la Fundación Disenso, se reveló que la entidad recibió 370.000 euros de Vox, sin acceso a subvenciones públicas, y finalizó el ejercicio con un balance negativo de 78.020,23 euros.

El escrito del Grupo Socialista solicita que se lleve a cabo con carácter urgente un informe específico sobre las cuentas de la Fundación Disenso, del periodo 2020-2025, donde se debe analizar el origen y el uso de los fondos, así como la corrección en su contabilización. Esta iniciativa fue reportada por Europa Press.

La motivación detrás de esta solicitud radica en las acusaciones de exdirigentes de Vox en Baleares, quienes mencionaron un presunto desvío de recursos desde los grupos parlamentarios hacia la fundación presidida por Abascal. Estos exlíderes han insinuado que existe una intención por parte de Abascal de enriquecerse a través de estos fondos. Por su parte, Vox ha defendido que tales aportes son una práctica común en todos los partidos y ha rechazado cualquier alegación de irregularidad.

En su solicitud, el PSOE también expresa que, de considerarlo necesario, el informe del Tribunal de Cuentas debería incluir "propuestas de medidas correctoras o sancionadoras".

No es la primera vez que el PSOE insinúa posible irregularidades en la financiación de Vox; anteriormente presentó una denuncia por un presunto delito de financiación ilegal debido a donaciones que el Tribunal de Cuentas consideró problemáticas. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción decidió archivar el caso, argumentando que la vía penal no era la adecuada para abordarlo.

La propuesta del PSOE será objeto de debate y votación en una próxima sesión de la Comisión Mixta (Congreso-Senado) que se ocupa de las relaciones con el Tribunal de Cuentas; en este escenario, el PP y Vox cuentan con una mayoría absoluta.