En la capital española, Madrid, el 10 de enero, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, ha compartido este viernes su propuesta legislativa que busca reformar el sistema judicial. Su iniciativa, denominada 'Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas', se presenta como una respuesta a un fenómeno que, según él, está amenazando los derechos individuales: el acoso judicial ejercido por grupos considerados "ultras".

López argumenta que estos grupos han estado utilizando la figura de la acusación popular para llevar a cabo acciones que, a su juicio, son de naturaleza política y persiguen intereses propios. Una de las piezas clave de su propuesta es la eliminación del delito que castiga las ofensas contra los sentimientos religiosos, el cual, sostiene, ha sido utilizado en numerosas ocasiones por organizaciones fundamentalistas para hostigar a artistas y periodistas que simplemente ejercen su derecho a expresarse.

En sus declaraciones a la prensa, el portavoz socialista también ha comentado que esta iniciativa incluye un enfoque más amplio en la mejora del sistema judicial. Entre los cambios planteados, destaca la inadmisión de querellas basadas únicamente en recortes de prensa, lo que, según él, adaptaría la legislación a la doctrina establecida por el Tribunal Supremo. Además, propone una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que introduzca una importante novedad: la inclusión de una nueva causa de recusación que impida a los magistrados participar en casos donde hayan expresado públicamente opiniones a favor o en contra de ciertos partidos políticos.

Con esta propuesta, el Grupo Socialista busca no solo proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino también garantizar que el sistema judicial se mantenga ajeno a influencias políticas que puedan comprometer su imparcialidad. Según López, esta reforma es imprescindible para reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones judiciales y para evitar futuros abusos en el marco de acciones judiciales que podrían ser interpretadas como ataques a la libertad de expresión.