En una muestra de su poderío en el Senado, el Partido Popular ha logrado que la Comisión General de las Comunidades Autónomas se involucre en el análisis del contenido autonómico de la propuesta de ley de amnistía. Esta medida se suma a los informes solicitados a los letrados de la Cámara Alta, al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Comisión de Venecia.

En esta nueva etapa, la ponencia estará compuesta por tres representantes del PP, dos del PSOE y uno de cada uno de los siguientes grupos: Sumar, PNV, Junts, ERC y Vox.

Con esta estrategia, el PP reafirma su rechazo a la propuesta de ley de amnistía, demostrando una vez más su posición dominante en el Senado. Esta postura se refuerza con el informe de los letrados del Senado, quienes han calificado la ley como inconstitucional y la han catalogado como una "reforma encubierta de la Constitución", a pesar de que la Mesa de la Cámara Alta, mayoritariamente conformada por el PP, decidió seguir adelante con su tramitación, a pesar de las objeciones de Vox.

Por otra parte, el análisis de la Comisión de Venecia no ve conflictos en la separación de poderes con la Ley de Amnistía, siempre y cuando sean los jueces los encargados de dictar las medidas que beneficien a los amparados por la ley. Sin embargo, critica la falta de una mayoría más amplia en su aprobación y el procedimiento de urgencia que se ha seguido.

En cuanto al informe solicitado al CGPJ, este órgano analizará dos puntos de vista opuestos sobre la amnistía. Por un lado, el vocal conservador Wenceslao Olea considera que es inconstitucional y viola la separación de poderes y la igualdad, mientras que la vocal progresista Mar Cabrejas opina que se ajusta a la Constitución aunque señala la falta de claridad en términos temporales y la necesidad de definir qué constituye una violación de los derechos humanos en relación al terrorismo.