MADRID, 3 de diciembre. El Senado se prepara para abordar este miércoles un nuevo conflicto de competencias con el Gobierno y el Congreso, una iniciativa del Partido Popular (PP) ante lo que consideran un "veto" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a ciertas enmiendas en la Ley de Movilidad Sostenible. Este episodio podría llevar la disputa hasta el Tribunal Constitucional, según fuentes consultadas.

El orden del día del Pleno del Senado de esta semana, al que ha tenido acceso Europa Press, revela que se gestará un nuevo enfrentamiento institucional relacionado con la polémica Ley de Movilidad Sostenible. La tensión entre las distintas cámaras del Parlamento se ha intensificado en los últimos tiempos, en parte a raíz de otros conflictos similares que han surgido en torno a la Ley de Amnistía y los Presupuestos Generales del Estado.

Con la mayoría absoluta en el Senado, el PP tiene la intención de utilizar su poder para aprobar esta iniciativa durante la sesión plenaria del miércoles. Una vez que se dé luz verde, el Senado tomará el asunto como propio y lo enviará al Congreso y al Gobierno para su consideración.

El Congreso y el Gobierno disponen de un mes para responder al planteamiento del conflicto. Sin embargo, tienen la opción de no emitir una respuesta, lo que se entendería como una aceptación tácita del conflicto. En ese caso, o si la respuesta ofrecida es negativa, será el Senado el que decida si lleva el asunto al Tribunal Constitucional o si opta por no continuar con el proceso.

La raíz de este choque proviene de la discusión en el Senado sobre la Ley de Movilidad Sostenible, donde el PP logró introducir varias enmiendas que posteriormente fueron validadas en el Congreso. No obstante, el Gobierno decidió vetar algunas de estas enmiendas, argumentando que ponían en riesgo la estabilidad del presupuesto nacional.

Las enmiendas en cuestión, específicamente la 118 y la 148, incluyen un artículo 61 bis y una disposición transitoria undécima al proyecto de ley. En particular, el artículo 61 bis establece que el Ministerio de Transportes deberá asignar anualmente una parte de los Presupuestos Generales para promover la movilidad sostenible, excluyendo las operaciones urbanas e interurbanas.

Dicha partida de presupuesto se destinaría a impulsar proyectos de inversión que faciliten la creación de una infraestructura de recarga de acceso público, priorizando sitos interurbanos que no sean considerados estratégicos, así como apoyar a la renovación de flotas de transporte de mercancías y pasajeros con el objetivo de fomentar su descarbonización. Este financiamiento se concretaría a través de exenciones fiscales, ayudas competitivas y subvenciones directas.

Por su parte, la nueva disposición establece que si la aplicación de esta ley implica nuevas obligaciones para los contratistas dentro del sector público que generen sobrecostos, los órganos de contratación estarán obligados a prever las respectivas compensaciones para esos contratistas.