MADRID, 19 Sep. - Según un estudio realizado por Línea Directa Aseguradora, el 77% de los españoles considera la 'okupación' como un problema social en España. Solo un 8% piensa que se trata de un fenómeno residual sin mayor importancia. El informe, basado en 1.700 encuestas realizadas en toda España entre el 14 y el 19 de junio de 2023, revela estas conclusiones y fue presentado este martes.

El estudio también revela que uno de cada cuatro españoles (24%) cree que hay una posibilidad "media o alta" de que su vivienda sea 'okupada'. Los casos de 'okupación' han aumentado un 37% entre 2018 y 2022, superando las 75.000 denuncias y los 15.000 procedimientos civiles en ese período, según datos del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial.

Además, un 31% de los encuestados conocen directa o indirectamente algún caso de 'okupación'. Este porcentaje destaca especialmente en las Islas Baleares, alcanzando un 39%. Por comunidades autónomas, Cataluña (con 650 casos denunciados en 2022), Andalucía (535) y Comunidad Valenciana (390) son las regiones con mayor incidencia de este fenómeno.

El estudio también muestra que Cataluña (83%), Andalucía (81%) y Cantabria (81%) son las regiones donde se registra una mayor preocupación por la 'okupación'. En contraste, Navarra, Galicia y Comunidad Valenciana presentan una menor preocupación.

Según los encuestados, las causas de la 'okupación' son la lentitud de la justicia (28%), la permisividad social (25%) y la dificultad para acceder a una vivienda debido a los altos precios (23%). Casi el 75% de los ciudadanos considera que las penas para este tipo de prácticas son "muy laxas" y que no existe una seguridad jurídica adecuada.

El informe también revela que el 22% de los españoles afirma conocer bien la regulación actual sobre la 'okupación', mientras que la mitad dice tener nociones generales y un 28% admite no conocerla en absoluto. En cuanto a las soluciones para mitigar la 'okupación', el 60% de los encuestados prefiere el endurecimiento de las penas y la agilización de los desalojos. Medidas como facilitar el acceso a la vivienda (45%) o centrarse en las mafias organizadas (31%) son consideradas menos prioritarias.

El proceso de desalojo, que puede durar más de 20 meses según los datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial, también es mencionado en el estudio. El 53% de los encuestados está a favor de un desalojo policial sin intervención judicial si no se puede demostrar "in situ" la propiedad o la existencia de un contrato vinculante. Mientras tanto, el 35% está de acuerdo en que siempre debe intervenir un juez en el procedimiento, pero con plazos mucho más reducidos.

Por último, el 76% de los encuestados estaría dispuesto a contratar un seguro 'antiokupación', siendo el pago de la hipoteca (35%) y los gastos del proceso (30%) las coberturas más valoradas.