El avance del Ministerio de Igualdad en la creación de una nueva legislación para abolir la prostitución está captando la atención en España. Este enfoquepone en primer plano el fenómeno del “proxenetismo digital”, que se refiere a cualquier actividad en línea donde una persona se beneficia económicamente de la explotación sexual de otra. La ministra Ana Redondo afirmó que este trabajo está en marcha y se presentará ante el Consejo de Ministros en el mes próximo.

Redondo, que lidera el Ministerio, reveló en junio que su objetivo es preparar un conjunto de medidas legislativas que buscarán erradicar la prostitución y el machismo en la sociedad. Durante su intervención en un evento político, afirmó que su equipo se encuentra en pleno desarrollo de proyectos que abordarán estos problemas en profundidad.

La ministra, al responder a las polémicas revelaciones sobre intercambios de mujeres entre altos cargos del PSOE, enfatizó la necesidad de una respuesta firme y decidida ante tales actitudes. En este contexto, también se pronunció sobre el compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de llevar esta ley al Parlamento lo antes posible, como una muestra de rechazo a comportamientos machistas.

Sánchez, durante su comparecencia ante el Congreso, subrayó que los comentarios y conductas descubiertos son contrarios a los valores que él y su partido defienden. Reiteró la intención del PSOE de hacer realidad la abolición de la prostitución, que ha sido un tema recurrente en su agenda política, aunque con intentos fallidos en el pasado.

La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha mostrado preocupación ante la propuesta legislativa, advirtiendo sobre los posibles resultados inciertos de la misma. Según el sindicato, la falta de consenso en el pasado ha limitado los avances en esta cuestión crítica, lo que genera dudas sobre la efectividad de la nueva ley.

Pepe Álvarez, secretario general de UGT, expresó su descontento con la situación actual, afirmando que España no puede seguir siendo vista como el "burdel de Europa". Enfatizó que los intereses económicos y la influencia de ciertos lobbies han obstaculizado el progreso en la lucha contra la prostitución, una actividad que mueve alrededor de 18.000 millones de euros en el país anualmente.

El sindicato sostiene que existen aproximadamente 150.000 mujeres en situación de prostitución en España. Además, subrayaron la alarmante cifra de 1.100 menores bajo tutela que han sido víctimas de abuso sexual, reforzando su postura de que la prostitución no debe ser considerada como una ocupación digna y, por tanto, debe ser abolida.

En el desarrollo de la crisis actual en torno a la prostitución, UGT destaca que España se posiciona como el tercer país a nivel mundial en cuanto al consumo de prostitución, solo superado por Tailandia y Puerto Rico. Las mujeres involucradas en esta actividad suelen ser inmigrantes jóvenes y vulnerables, lo que resalta la necesidad de una respuesta legislativa más efectiva.

Lola Navarro, vicesecretaria general de UGT, criticó la legislación española como insuficiente y confusa, abogando por un debate a nivel europeo sobre el tema de la prostitución desde una perspectiva de derechos humanos, en lugar de permitir que se reduzca a un simple debate sobre convenios laborales.

Navarro concluyó que la situación actual es inaceptable y planteó la urgencia de que se tomen medidas serias y concretas para proteger los derechos fundamentales de todas las mujeres afectadas por esta problemática en el país.