En la jornada del 22 de enero, se ha dado a conocer un caso de considerable envergadura en la Audiencia Nacional (AN) que involucra a Víctor de Aldama, señalado como el líder de una compleja trama de fraude relacionada con hidrocarburos. Según las informaciones disponibles, se estima que esta organización criminal ha provocado un perjuicio a las arcas públicas superior a los 182,5 millones de euros. La investigación señala que los implicados utilizaron mercantiles como Have Got Time para generar liquidez, la cual fue destinada, entre otras actividades, a la adquisición de un inmueble que posteriormente fue disfrutado por José Luis Ábalos, un exministro del PSOE y secretario de Organización del partido.

Este detalle se puede encontrar en un auto del juez emitido el 13 de diciembre, que forma parte del sumario judicial, al que tuvo acceso Europa Press. En este documento, se desglosa el elaborado entramado mercantil aplicado por la organización para llevar a cabo su estrategia de fraude.

De acuerdo con lo expuesto por el magistrado, la estructura inicial de esta presunta red criminal fue encabezada por la empresa operadora Villafuel, así como otras compañías del sector hidrocarburífero bajo el control, tanto directo como indirecto, de Claudio Rivas y Víctor de Aldama. Resalta que Gaslow Abastecimientos SL se integró en esta red durante el año 2020, siendo administrada por Rivas y otros socios.

El juez precisa que, de manera paralela, Rivas habría desarrollado una nueva estructura centrada en Gaslow Abastecimientos SL, designando a Have Got Time SL como proveedor y a Villafuel SL y Combustibles Lucinala SL como comercializadoras de sus productos.

En relación a Víctor de Aldama, se indica que su asociación con Claudio Rivas comenzó a tomar forma en los inicios de 2021, fundamentándose en el análisis preliminar de la información extraída de los dispositivos móviles que fueron incautados durante las actuaciones llevadas a cabo el 7 de octubre de 2024.

El auto judicial destaca que la investigación ha puesto de manifiesto que Have Got Time y Combustibles Lucinala SL fueron instrumentalizadas con una intención clara: facilitar la ejecución de delitos fiscales, los cuales fueron inicialmente cuantificados por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) en aproximadamente 49.213.613,36 euros entre los años 2021 y 2022, en adición a actuar como medio para financiar diversas operaciones criminales.

En este contexto, se menciona que tales operaciones estaban motivadas por intereses adicionales, entre las cuales se encuentra la compra de una propiedad inmobiliaria que estuvo bajo disfrute del exministro Ábalos, refiriéndose a un chalé en una urbanización de Cádiz, tal como lo sostiene la Unidad Central Operativa (UCO).

El juez hace énfasis en que dentro de estas actividades, los administradores de las empresas involucradas fueron Leonor María González Pano para Have Got Time y María del Carmen Pano para Combustibles Lucinala SL. Asimismo, se ha identificado a Luis Alberto Escolano, quien ya se encuentra en la lista de investigados del 'caso Koldo', como la figura clave y mano derecha de Viktor de Aldama en la configuración de esta estructura, beneficiándose del patrimonio que según parece fue conseguido a través de actividades delictivas.

Además, la investigación de la UCO sobre las cuentas de Have Got Time sugiere que, tras reactivar las operaciones comerciales con Gaslow Abastecimientos SL, la trama movió una cantidad considerable de dinero a cuentas de Combustibles Lucinala, así como a cuentas de Villafuel SL, que, tras ser capitalizada, logró finalmente obtener el título de operadora de productos petrolíferos.

La red criminal utilizó un conjunto de empresas instrumentales tanto en España como en jurisdicciones externas, con el fin de sostener su operativa y permitir el blanqueo de capitales, utilizando cuentas bancarias que les permitían mover fondos de origen dudoso, incluso fuera de España, lo cual está actualmente bajo investigación.

El auto también hace referencia a cómo Combustibles Lucinala SL facilitó la transferencia de sus fondos a Villafuel SL, MTM 180 CAPITAL SL, e incluso a cuentas bancarias ubicadas en China, en un intento por disociar la procedencia del dinero adquirido ilícitamente.

En este mismo contexto, el juez aborda el papel de Escolano dentro de la organización, destacando la relación cercana que mantuvo con Víctor de Aldama, quien se refería a él de forma familiar como "Alberto hermanito socio". Esta conexión se manifiesta no solo en términos personales, sino también en su implicación en varias administraciones de empresas establecidas en Portugal.

Se pone de relieve que Escolano recibió 1,4 millones de euros en cuentas de la empresa portuguesa que gestiona, Agarrobvio Unipessoal LDA, y también se realizaron transferencias por un monto de 510.000 euros a Cacera Concejo SL, de la que también es administrador.

El juez sostiene que Escolano también adquirió bienes que anteriormente eran propiedad de Claudio Rivas, mencionando específicamente un vehículo de lujo que pertenece a Combustibles Lucinala SL y que fue posteriormente transferido a su empresa, Agarrobvio Unipessoal LDA.

Adicionalmente, se señala la posibilidad de que Escolano tenga en su poder documentación sensible de Víctor de Aldama, ya que en agosto de 2024, se identificaron comunicaciones en las que Escolano enviaba a De Aldama fotografías de dicha documentación, que aparentemente guardaba en su residencia.

Finalmente, el juez recalca que la cúpula de esta presunta organización criminal estaba compuesta por individuos que poseen un profundo conocimiento del sector y su legislación, lo cual les otorga la capacidad y recursos necesarios para establecer nuevas entidades empresariales con el fin de reemplazar a las que se encuentran bajo investigación, algo que ha quedado patente a lo largo de esta compleja indagación.