El juez García-Castellón amenaza con ampliar la demanda a quienes difamen su honor.
El ex juez del juzgado número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha expresado su preocupación por la falta de protección de los jueces ante las "barbaridades" que se dicen con "absoluta frivolidad".
En el marco del Congreso Nacional de Mediadores 2024 en Gijón, García-Castellón ha criticado duramente las amenazas, insultos y calumnias que los jueces sufren diariamente, incluso teniendo que recurrir a medidas de seguridad como escoltas y vehículos blindados.
El ex juez ha manifestado su sorpresa ante la posibilidad de que desde otros poderes del Estado se pueda "insultar, calumniar y amenazar" a los miembros del poder judicial, considerando esta práctica "inconcebible".
García-Castellón ha hecho hincapié en la importancia de la independencia judicial y ha lamentado la falta de protección por parte de la Fiscalía General del Estado ante las acusaciones infundadas y los ataques a la integridad de los jueces.
En referencia a la demanda que ha interpuesto contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, el ex juez ha señalado que está dispuesto a ampliarla si es necesario, con el objetivo de salvaguardar su honor y reputación.
En cuanto al caso del ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, García-Castellón ha evitado hacer comentarios desde la Justicia, destacando la importancia de mantener la imparcialidad en todos los casos.
El ex juez también ha recordado su trayectoria en la Audiencia Nacional, resolviendo casos relacionados con el terrorismo, como los perpetrados por ETA y el islamismo radical, así como su colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
García-Castellón ha alertado sobre la confrontación política que desciende a niveles perjudiciales y ha subrayado la importancia de preservar la integridad de las instituciones del Estado, evitando vincular a jueces con grupos políticos.
En conclusión, el ex juez ha abogado por un mayor respeto hacia la labor de los jueces y por una protección efectiva que garantice su independencia y seguridad en el ejercicio de sus funciones.