Una reciente advertencia del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa señala que España no ha conseguido implementar las recomendaciones sobre la regulación de los asesores políticos y la reforma del aforamiento. En particular, el organismo critica la falta de progreso en la regulación de los grupos de interés, los conocidos 'lobbies', así como la omisión de la obligación de hacer públicas las agendas de contacto entre estos grupos y los altos cargos gubernamentales.

Según el informe publicado por GRECO, las recomendaciones de 2019 instaban a España a adoptar un marco más estricto para los asesores políticos, estableciendo estándares similares de transparencia e integridad a los aplicados a los altos funcionarios. A pesar de que se reconoce que ha habido algunos esfuerzos en esta dirección, como las iniciativas presentadas en el 'Plan de Acción para la Democracia', el nuevo marco normativo aún no se ha concretado completamente.

La legislación que se está desarrollando incluye provisiones sobre exclusividades y un listado detallado de incompatibilidades, además de requerir la publicación de declaraciones de bienes y salarios de los asesores políticos. Sin embargo, el GRECO aclara que al no haber sido todavía aprobada por el Consejo de Ministros, estas recomendaciones no pueden considerarse implementadas.

Otro punto crítico mencionado en el informe se refiere a la reforma de los aforamientos, que el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado sin atender. GRECO observa que, a pesar de los cambios realizados a nivel local, las modificaciones necesarias a nivel estatal aún no se han llevado a cabo, lo cual es esencial para asegurar la rendición de cuentas de los funcionarios acusados de corrupción.

A pesar de que el Ejecutivo argumenta que el aforamiento no exime a los investigados de responsabilidad, GRECO subraya que no se han observado avances sustanciales en este ámbito, dejando entrever que la situación actual es insostenible.

En lo que respecta a los 'lobbies', el GRECO lamenta que los esfuerzos para regular estos grupos de interés no hayan prosperado como debería, añadiendo que la falta de exigencia en la publicación de las reuniones de los altos cargos representa una "oportunidad perdida" en la supervisión de estas actividades.

Aunque se celebra la aprobación del anteproyecto de ley de transparencia relacionado con los grupos de interés en enero, el GRECO reitera que esta legislación aún está pendiente de aprobación definitiva y por tanto no ha entrado en vigor.

El informe también critica que, a pesar de centrarse en los lobistas, no se otorga suficiente atención a los altos cargos que interactúan con ellos y que pueden estar sujetos a influencias indebidas. En términos de transparencia y acceso a la información, aunque se han comenzado a implementar algunas mejoras, el organismo expresó su inquietud por los lentos tiempos de respuesta y las dificultades que enfrentan los ciudadanos para acceder a documentos oficiales.

El Consejo para la Transparencia y el Buen Gobierno ha visto un aumento en su independencia, pero aún aguarda la aprobación de los poderes sancionadores completos. Además, se señala que las medidas sobre 'puertas giratorias' y las declaraciones financieras de los exfuncionarios políticos requieren refinamiento para asegurar una mayor integridad y supervisión.

Por último, en lo relacionado con la Oficina de Conflictos de Interés, GRECO enfatiza la necesidad de fortalecer su independencia y presupuesto, a fin de garantizar su eficacia en la supervisión de las actividades políticas y de los lobbies en España.