El Gobierno rechaza las deportaciones masivas de menores propuestas por Feijóo y Vivas
El Ministerio de Derechos Sociales ha calificado de "ilegal" la propuesta de deportar en masa a menores, defendida por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La autoridad gubernamental especifica que las deportaciones deben seguir el marco legal europeo y judicial, que exige procedimientos individualizados. La controversia surge en un contexto de tensión política sobre la gestión migratoria en Ceuta y las competencias autonómicas en protección infantil.
Este debate refleja las diferencias entre el Ejecutivo central y las autoridades autonómicas de Ceuta, que en los últimos meses han promovido medidas más restrictivas en materia migratoria. La oposición política, liderada por el PP, ha puesto en duda la efectividad y legalidad de los protocolos actuales, proponiendo en cambio deportaciones masivas como solución a la crisis migratoria en la ciudad autónoma.
El Ministerio subraya que la legislación europea y las sentencias del Tribunal Supremo establecen que cualquier devolución de menores debe garantizar un procedimiento individualizado, con búsqueda de familia o tutores. La propuesta de deportación masiva contraviene estos requisitos, lo que la hace inviable desde el punto de vista legal y ético.
Por su parte, el Gobierno central ha avanzado en un plan de traslado de unas 500 menores a la península, con recursos económicos destinados a garantizar su protección y atención. La operación, que fue inicialmente negada por Vivas, ha sido confirmada por fuentes del Ejecutivo, que asegura contar con los mecanismos necesarios para su ejecución segura y legal.
Este conflicto refleja una disputa política más amplia sobre las políticas migratorias y la competencia en protección infantil en Ceuta, donde las tensiones entre las administraciones autonómicas y el Estado se han intensificado en los últimos años. La postura del Gobierno central apuesta por el cumplimiento de la legalidad y la protección de los derechos de los menores, en contraste con las propuestas más restrictivas del PP y sus aliados.
El futuro de estas políticas dependerá de la evolución del marco legal europeo y de las decisiones judiciales, así como de un posible acuerdo entre las administraciones. La coyuntura actual evidencia la necesidad de una gestión coordinada y respetuosa con los derechos humanos en un contexto de creciente presión migratoria.