El organismo liderado por Cristina Herrero tiene una nueva tarea por delante, ya que se le ha encomendado la elaboración de un informe adicional que deberá entregarse antes del 1 de junio de 2026.

En Madrid, el 5 de junio, se ha dado a conocer que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha puesto en marcha un proyecto de ley que se encuentra actualmente en fase de audiencia pública. Este proyecto busca reformar el Real Decreto del 18 de febrero que regulaba la evaluación del sistema de pensiones por parte de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), en caso de que sean necesarias medidas adicionales en términos de ingresos.

Con las modificaciones planteadas en este nuevo proyecto, al que ha tenido acceso Europa Press, la AIReF deberá producir un informe complementario al que se emitió el 31 de marzo sobre la regla de gasto en pensiones. Esto implica que el sistema de pensiones será sometido a un examen adicional antes de lo que estaba estipulado, ya que las evaluaciones de la AIReF estaban previstas cada tres años.

Según la información compartida por medios como El País y El Mundo, la necesidad de una evaluación más frecuente por parte de la AIReF es resultado de presiones desde Bruselas. Estas presiones buscan que las evaluaciones de las pensiones no incluyan las transferencias estatales como parte de los ingresos, en contraste con lo que se indicaba en el establecido Real Decreto del Gobierno.

El proyecto de ley del Ministerio elimina, de este modo, la referencia que se encontraba en el artículo 12 del Real Decreto anterior, que consideraba las transferencias del Estado al presupuesto de la Seguridad Social como ingresos del sistema.

En el contexto de este proyecto, el Gobierno justifica la modificación del Real Decreto del 18 de febrero basándose en las recomendaciones de la AIReF derivadas de su primer análisis sobre las pensiones. La AIReF sugirió integrar la regla de gasto en pensiones con los objetivos del marco fiscal, tanto a nivel nacional como europeo, con la intención de mejorar la coordinación y simplificar el sistema actual.

Adicionalmente, el Gobierno resalta la necesidad de unificar los períodos de revisión, debido a que la regla de pensiones se revisa cada tres años, mientras que el Plan Fiscal y Estructural a Medio Plazo tiene un ciclo de cuatro años, a pesar de ser supervisado anualmente.

Con el objetivo de progresar en el cumplimiento de estas recomendaciones, el Gobierno considera esencial modificar la normativa, "a pesar de su reciente vigencia", para añadir en el texto una referencia que hable tanto de la sostenibilidad del sistema público de pensiones como de la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.

El Ejecutivo busca dar un primer paso hacia la unificación de las reglas sugeridas por la AIReF, incorporando el análisis de la sostenibilidad a largo plazo en el proceso.

A su vez, el Gobierno ha señalado que se modifica el Real Decreto para que la AIReF realice un informe adicional antes del 1 de junio de 2026, lo que permitirá tomar en cuenta "los grandes shocks en los datos macroeconómicos definitivos de los últimos años y contar con suficientes datos para evaluar las reformas económicas".

En este sentido, el Gobierno ha destacado las "importantes" revisiones que ha llevado a cabo el Instituto Nacional de Estadística respecto a los datos del PIB de 2022 y 2023. "Estos ejercicios de revisión seguirán siendo significativos en 2024 y 2025, por lo que, dada su repercusión en las proyecciones y la incertidumbre sobre futuras revisiones, se considera necesario realizar ese informe adicional por parte de la AIReF en 2026", concluyó el Ejecutivo.

EL PRIMER EXAMEN DE LA AIReF

El 31 de marzo, la AIReF presentó su primer informe, en el cual confirmaba que se había cumplido la regla de gasto en pensiones, aunque de manera muy ajustada, al tiempo que advertía que la sostenibilidad del sistema de pensiones no ha mejorado en comparación con las previsiones publicadas en 2023.

En ese informe inicial, la AIReF destacó que las proyecciones de la Comisión Europea, actualizadas con los datos de 2022 y 2023, situaban el gasto en pensiones en un 14,6% entre 2022 y 2050. Además, estimó que las medidas de ingresos representarían el 1,4% del PIB en el mismo período. Por lo tanto, consideró que la regla de gasto establecida por el Gobierno se había cumplido, con un gasto en pensiones neto de medidas de ingresos del 13,2% en promedio entre 2022 y 2050, que es inferior, pero apenas, al 13,3% acordado con Bruselas.