El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una ambiciosa estrategia a largo plazo para la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que abarcará el periodo de 2025 a 2027 y que dirige su atención hacia la modernización tecnológica en la lucha contra el fraude laboral.

Este nuevo plan contempla una significativa inversión de 28,5 millones de euros, principalmente destinados a mejorar los recursos tecnológicos que permitan enfrentar los desafíos del fraude en entornos laborales actuales. Tras la aprobación, el Ministerio de Trabajo ha subrayado la importancia de implementar estas mejoras para proteger los derechos de los trabajadores.

Una de las innovaciones más destacadas es la creación de un laboratorio de informática forense. Este se especializará en la recopilación de evidencias digitales y permitirá un examen exhaustivo de sistemas informáticos, optimizando así las herramientas disponibles para detectar el fraude. Además, el equipo técnico y administrativo se verá reforzado, asegurando la eficacia del nuevo enfoque.

La estrategia también incluye el desarrollo de nuevas reglas algorítmicas que servirán para detectar irregularidades a través de una avanzada herramienta de lucha contra el fraude. Este enfoque hará un uso intensivo del análisis masivo de datos para mejorar la efectividad de las acciones emprendidas por la Inspección.

El plan está alineado con la legislación vigente que exige revisar los planes de acción de las entidades estatales cada tres años. Así, se plantea un marco que, según el Ministerio, fortalecerá los derechos laborales en un contexto de crecimiento económico y mejora del empleo, impulsado por normativas recientes que benefician a los trabajadores.

La propuesta está estructurada en 17 objetivos que se dividen en dos ejes. El primero se enfoca en las líneas de acción prioritaria que cubren diferentes aspectos de las relaciones laborales, la salud y seguridad en el trabajo, y la lucha contra el empleo no declarado. El segundo eje resalta medidas organizativas y operativas destinadas a ofrecer un servicio público que sea percibido como “eficaz” y profesional.

El Ministerio de Trabajo ha constatado un aumento del interés público en sus operaciones, dado que desde 2021 ha habido un incremento del 43% en denuncias recibidas. Así, la estrategia se orienta hacia los temas que más inquietan a los trabajadores, como la estabilidad en el empleo y las condiciones salariales.

Además, se prevé la mejora de los servicios electrónicos disponibles para los ciudadanos, con la introducción de una nueva sede electrónica que servirá como punto de comunicación eficiente entre la Inspección y los trabajadores.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reafirmado que esta estrategia tiene como objetivo elevar los estándares de calidad en el servicio público, adaptándose a la creciente demanda y a las nuevas legislaciones que refuerzan los derechos laborales y promueven el empleo adecuado.

Díaz ha destacado que la intención es transformar la Inspección en una entidad más moderna y transparente, lo que incluye la incorporación de 554 inspectores y subinspectores durante los próximos tres años, tanto en el ámbito provincial como en los servicios centrales, para lograr una fuerza laboral más capacitada.

Con estas medidas, la ministra enfatiza que se evidencia el sostenido refuerzo presupuestario que ha recibido la Inspección en los últimos años, un aspecto crucial para garantizar el éxito del nuevo modelo propuesto.