Un grupo de cinco ministerios ha instado al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, a que lleve la propuesta de la oferta pública de adquisición (OPA) de BBVA sobre Banco Sabadell ante el Consejo de Ministros. Esta acción se justifica por razones de interés general que van más allá de la simple competencia del mercado.

Este paso ha sido anticipado por analistas y actores del sector. Con esta decisión, comienza un plazo de 30 días naturales en el que el Consejo deberá ofrecer su dictamen sobre la OPA propuesta.

Cuerpo enmarcó su decisión en el potencial impacto que podría tener en varios aspectos cruciales, como la regulación del sector, la protección de los empleados, la cohesión territorial, así como el fomento de la investigación y el desarrollo tecnológico y los objetivos de políticas sociales.

La elevación del expediente ocurre después de recibir la documentación relevante sobre la concentración y la posición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha establecido varios compromisos que deben cumplirse para que la operación reciba el visto bueno.

El ministro de Economía comunicó a los medios en el Senado que esta decisión se ha tomado en cumplimiento de las normativas vigentes, en línea con la ley de Defensa de la Competencia.

La solicitud de los cinco ministerios se fundamenta en la necesidad de un análisis más profundo de la situación. Cuerpo enfatizó que el estudio de estas solicitudes por parte del Ministerio de Economía fue clave para presentar la OPA al Consejo de Ministros.

Es importante recalcar que la elevación de la operación no implica una decisión definitiva por parte del Consejo de Ministros. Este órgano deberá llevar a cabo su propio análisis, el cual se basará en un informe más detallado requerido por Economía a cada uno de los cinco ministerios involucrados.

El ministro aclaró que el objetivo de este proceso no es alterar las condiciones actuales, sino considerar si existen razones de interés general que se aparten de los criterios habituales de competencia.

La OPA fue inicialmente autorizada a finales de abril, bajo ciertos compromisos por parte de la CNMC. Esta aprobación marcó el comienzo de una tercera fase en la que se abre la puerta a la intervención del Gobierno.

Con la elevación del caso, el Ejecutivo tiene la capacidad de validar la operación tal como fue autorizada por la CNMC o ajustar las condiciones para que esta pueda llevarse a cabo adecuadamente.

Si los plazos se cumplen, la decisión final del Gobierno no se dará a conocer hasta el 27 de junio. Además, el periodo durante el cual los accionistas podrán expresarse sobre la OPA comenzará semanas después de esa fecha, una vez que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) apruebe el folleto informativo correspondiente.