En un reciente comunicado del Gobierno, se ha revelado que el Boletín Oficial del Estado (BOE) de España ha dado a conocer la implementación de un segundo paquete de ayudas destinado a las víctimas de la DANA, con un impresionante total de 110 medidas adicionales, que suman un valor de 3.765 millones de euros. Esta nueva inyección económica se une a los 10.600 millones de euros anunciados la semana pasada, lo que eleva la cifra total de apoyo a los afectados a la deslumbrante cantidad de 14.365 millones de euros.

El paquete ha sido formalizado a través de un real decreto que lleva las firmas del Rey Felipe VI y del presidente Pedro Sánchez, y que entró en vigor este mismo martes. El extenso documento, conformado por 106 páginas, detalla minuciosamente las nuevas estrategias que complementan el 'Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento de la Comunitat Valenciana' impulsado por el Ejecutivo.

De acuerdo con las declaraciones de Sánchez en una reciente rueda de prensa, estas medidas no solo beneficiarán a un significativo número de 400.000 trabajadores conquistando estabilidad en sus ingresos, sino que también proporcionarán el soporte necesario para que aproximadamente 30.000 empresas reanuden sus actividades y alrededor de 100.000 hogares puedan satisfacer sus necesidades más esenciales.

Entre las medidas de este nuevo paquete se incluye la ampliación de las ayudas por daños en viviendas para propietarios que, aunque no residían en ellas, las tenían arrendadas. Como ha destacado Sánchez, esta decisión busca garantizar que no solo los propietarios directos, sino también aquellos que arrendan sus inmuebles, se beneficien de estas nuevas disposiciones.

Además, se han incluido compensaciones por pérdidas en enseres que ahora también abarcarán a los inquilinos y a artículos que no sean considerados de primera necesidad.

Para acelerar el proceso de asistencia, se ha decidido otorgar un adelanto inmediato del 50% a todos los solicitantes de estas ayudas, garantizando que el apoyo llegue sin demoras a aquellos que más lo necesitan.

Asimismo, se ha reformado el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias, originalmente establecido en 2022, permitiendo a las familias afectadas por la DANA congelar el pago de sus hipotecas durante 12 meses adicionales. Esta medida acompaña a la suspensión de obligaciones de pago de intereses y capital de préstamos por un total de tres meses, seguida de otros nueve meses únicamente para el pago de capital.

Por ejemplo, un ciudadano con una hipoteca promedio de 120.000 euros, con una cuota mensual de 600 euros, podrá suspender pagos de capital durante los primeros tres meses y, durante los siguientes nueve, solo abonará intereses, lo que implica un estado temporal de alivio financiero significativo.

Con las reformas introducidas el lunes, si el hogar continúa en situación de vulnerabilidad tras el período inicial, podrá seguir aplicando el Código, disminuyendo a solo 300 euros durante otros 12 meses a nivel nacional, o hasta 18 meses para aquellos en áreas severamente impactadas.

Sánchez anunció que, hasta la fecha, se han habilitado 150 viviendas de propiedad del Gobierno en zonas afectadas y se destinará un presupuesto de 25 millones de euros para la adquisición de más inmuebles que sirvan para realojar a las familias damnificadas.

En el ámbito laboral, se ha reforzado el uso de los ERTE de fuerza mayor para incluir a todas las empresas y trabajadores que, aunque estén fuera de los municipios golpeados, han sentido las repercusiones adversas de la DANA en su actividad económica.

Se ha incorporado también la equiparación de la prestación de incapacidad temporal a la de accidente laboral, eliminando la anterior restricción de años cotizados para su acceso.

El reciente 'escudo laboral' contempla permisos retribuidos al 100% del salario para aquellos empleados que no puedan asistir a su trabajo debido a la DANA o que no puedan realizar teletrabajo. A diferencia de las medidas implementadas durante la pandemia, estos permisos no serán recuperables, lo que significa que los empleados no tendrán que compensar a la empresa por el tiempo no trabajado.

Estos permisos no afectarán a las cotizaciones, considerándose como trabajo efectivo, y tendrán un plazo indeterminado. Sin embargo, para el permiso por fallecimiento de familiares, el plazo se amplía a cinco días hábiles desde la fecha del sepelio.

Además, se ha aprobado una nueva prestación extraordinaria por cese parcial destinada a autónomos, permitiéndoles compaginar su actividad con esta ayuda durante tres meses, equivalente al 50% de su base de cotización.

Con el dispendio de recursos laborales, el paquete promovido por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en este segundo real decreto alcanza los 1.439 millones de euros, el monto más elevado entre los diferentes Ministerios del Gobierno, seguido del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones con 1.097 millones de euros.

El paquete de ayudas también aboga por la prohibición de cortes en el suministro de energía eléctrica y gas a los hogares afectados, instando a las operadoras de telecomunicaciones a compensar a sus clientes por los servicios no prestados durante la calamidad.

Se permitirá, sin coste alguno, la modificación y suspensión temporal de los contratos de suministro, así como la posibilidad de aplazar facturas, brindando un alivio adicional a los consumidores en este difícil momento.

Entre las ayudas orientadas a la recuperación del tejido productivo, destaca una línea de 200 millones de euros destinada a explotaciones agrarias que han sufrido daños que comprometen su capacidad de operar en la próxima campaña, o que han sufrido una merma de su capacidad productiva superior al 40%.

También se ha lanzado un programa de 60 millones de euros en créditos ICO Mapa Saeca para agricultores y ganaderos, así como un programa destinado a reparar infraestructuras agrarias, como caminos y sistemas de riego, con una inversión de 175 millones de euros que será gestionado por Tragsa.

Asimismo, se activará un primer tramo de 1.000 millones de euros en créditos ICO, anunciando una línea de avales que cubrirá el 80% del total del préstamo, facilitando así a hogares, empresas y autónomos el acceso rápido a ayudas, subvenciones e indemnizaciones y, al mismo tiempo, permitirles realizar las inversiones necesarias.

El paquete también incluye un plan de 45 millones de euros para la restauración de la Albufera y cuencas fluviales afectadas, así como la implementación de 2 millones de euros en ayudas directas para cines, librerías y entidades culturales que se han visto obligadas a cerrar.

Finalmente, se ha aprobado una asignación de 500 millones de euros para financiar un Plan de Acción contra el Lodo, destinado a la limpieza de escombros y reparación de las redes de agua en las áreas perjudicadas, junto con un incremento temporal del 30% en la Ayuda Para la Infancia para las aproximadamente 10.000 familias de bajos ingresos en las zonas afectadas.

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a la ampliación temporal de las plantillas en las subdelegaciones del Gobierno, estableciendo puntos de atención en todas las oficinas de Correos y abriendo una red de oficinas temporales en los municipios afectados.