Las comunidades autónomas de Andalucía y Cataluña se perfilan como las principales beneficiarias de un ambicioso plan económico que será debatido próximamente por las Cortes Generales. Este proyecto, impulsado por el Ministerio de Hacienda, busca la asunción por parte del Estado de hasta 83.252 millones de euros en deudas autonómicas.

Según se anticipa, la inyección de fondos sería considerable, destacando que Andalucía recibiría 18.791 millones de euros, mientras que Cataluña obtendría 17.104 millones. Juntas, estas regiones concentrarían más del 43% del total destinado a la condonación de deudas, un hecho que suscita tanto esperanzas como críticas en diversos sectores.

El trasfondo de esta iniciativa se encuentra en un reciente acuerdo entre el PSOE y ERC, que contemplaba la condonación de parte de la deuda catalana, estableciendo un precedente que podría aplicarse también a otras comunidades que lo solicitasen. Este enfoque ha generado distintas reacciones en el ámbito político, con un creciente debate sobre las implicaciones de una posible condonación generalizada.

En febrero, el Ministerio de Hacienda presentó una metodología para determinar la cantidad que cada comunidad autónoma podría ver asumida por el Estado. Sin embargo, María Jesús Montero, titular del departamento, recalca que la decisión final pesa sobre cada Gobierno regional, dejándoles la libertad de aceptar o rechazar esta oferta del Estado.

Aparte de Andalucía y Cataluña, otras regiones también recibirían apoyo financiero, incluyendo la Comunidad Valenciana, que sería beneficiada con 11.210 millones de euros, mientras que Madrid obtendría 8.644 millones. Castilla-La Mancha y Galicia recibirían 4.927 y 4.010 millones, respectivamente. Sin embargo, es importante destacar que comunidades con regímenes forales como Euskadi y Navarra no están incluidas en este paquete, aunque han expresado su intención de buscar compensaciones económicas similares.

El Gobierno tiene como objetivo aprobar la ley en el Consejo de Ministros de esta semana, y entonces el texto se enviará a las Cortes para su debate. Es significativo que esta propuesta obtuvo apoyo del PSOE en la anterior reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde las comunidades del PP optaron por no participar en la votación, lo cual el Gobierno interpreta como una forma de abstención.

A pesar del aparente consenso, el Ministerio de Hacienda enfrenta incertidumbres en la tramitación parlamentaria. Algunos aliados, como Junts, han expresado su escepticismo sobre la extensión de esta condonación a todas las comunidades, lo que podría complicar el camino legislativo.

Según Montero, la metodología que guía esta condonación se divide en tres etapas, comenzando con el análisis del endeudamiento acumulado entre finales de 2009 y 2023. La primera fase indica que, de media, las comunidades podrían ver una condonación del 19% de su deuda total vigente.

La segunda fase busca ofrecer un alivio adicional a aquellas comunidades que se encuentran por debajo de ese umbral medio, con el objetivo de mitigar posibles desigualdades percibidas entre las diversas autónomas. Finalmente, la tercera fase incluye ajustes destinados a otorgar mayor equidad en la distribución de las ayudas, destacando particularidades como la situación de la Comunidad Valenciana en términos de deuda per cápita ajustada.

El diseño de esta condonación también considera factores como la normatividad del IRPF, donde las comunidades que hayan optado por incrementos fiscales podrían recibir un estímulo adicional en forma de condonación. Con todo esto, el Gobierno se enfrenta a un delicado equilibrio entre satisfacer las demandas regionales y mantener una coherencia en su política fiscal nacional.