El Gobierno español, encabezado por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, está a la espera del respaldo del Partido Popular (PP) para el nuevo Real Decreto-ley 'ómnibus' relacionado con el mantenimiento del 'escudo social'. Este decreto fue aprobado en la sesión del Consejo de Ministros del 13 de enero y contiene varias medidas importantes, entre ellas, la revalorización de las pensiones para el año 2026.

El Congreso celebrará un pleno extraordinario el próximo 27 de enero, donde se espera que el mencionado Real Decreto-ley se someta a votación.

Saiz, en una reciente conferencia de prensa, expresó su preocupación respecto a la postura del PP en temas de pensiones. "Históricamente, el PP ha planteado dificultades cada vez que ha surgido la oportunidad de apoyar la revalorización de las pensiones, jugando con la sensibilidad de los pensionistas", afirmó. La ministra subrayó la importancia de ver si esta vez el partido de la oposición se alineará con un voto positivo.

Además, la representante del Gobierno defendió que el Ejecutivo de Pedro Sánchez se posiciona como el "Gobierno del diálogo", enfatizando su compromiso por alcanzar acuerdos que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.

En la reunión del Consejo de Ministros del 23 de diciembre, se aprobó un aumento del 2,7% en las pensiones contributivas y de clases pasivas para el próximo año, mientras que las pensiones mínimas tendrán un incremento superior al 7%.

Particularmente, las pensiones a cargo de un cónyuge y las de viudedad con dependientes verán un aumento del 11,4% en 2023, similar a lo que sucederá con las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se incrementarán en un 11,4%.

Estos cambios forman parte de un Real Decreto-ley más amplio que busca mantener el 'escudo social', el cual también prevé la extensión hasta el 31 de diciembre de 2026 de la moratoria sobre desahucios y lanzamientos para familias en situación de vulnerabilidad sin una alternativa habitacional viable.

Igualmente, el proyecto de ley que será discutido en el Congreso contempla la prolongación de la prohibición de cortes de servicios básicos de luz, agua y gas para familias en riesgo, así como la continuidad de los descuentos del bono social energético.