El Gobierno apuesta por aprobar el decreto de vivienda tras el desahucio de Maricarmen
El Gobierno apuesta por aprobar el decreto de vivienda tras el desahucio de Maricarmen, en un contexto de avances políticos y movilización social.
El Consejo de Ministros podría aprobar este próximo martes el real decreto de vivienda, tras un cambio en el escenario político motivado por el desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años en Madrid. La movilización social y la atención mediática han generado un clima favorable para desbloquear la negociación.
El Ejecutivo mantiene la intención de consensuar un acuerdo con diferentes grupos parlamentarios. Hasta ahora, las discrepancias principales estaban entre Junts y Podemos, con propuestas contrapuestas que incluyen desde medidas favorables a propietarios hasta expropiaciones y control de precios. La tensión ha disminuido tras avances en las negociaciones, especialmente con Junts, que muestra cierto optimismo respecto a las propuestas socialistas.
El escenario político se ha visto influido por la situación de vulnerabilidad de Maricarmen, cuya expulsión ha puesto de manifiesto la necesidad de medidas que eviten desahucios masivos y situaciones similares. La propuesta de expropiar su vivienda, promovida por Sumar, enfrenta la oposición del Gobierno y del PSOE, que consideran que no encaja en la legalidad vigente.
El Gobierno busca cerrar un acuerdo de mínimos que permita limitar o prohibir desahucios y evitar tragedias como la de la semana pasada. La intención es tener el decreto aprobado antes del debate en el Congreso, en un plazo máximo de 30 días, para evitar derrotas similares a las ocurridas en meses anteriores.
La negociación se prolongará durante el fin de semana y hasta el último momento antes del Consejo, con el objetivo de sumar apoyos tanto en la izquierda como en la derecha. La estrategia del Ejecutivo es presentar un marco que permita avanzar en políticas de vivienda sin perder apoyos clave.
En un contexto más amplio, la aprobación del decreto refleja la creciente sensibilidad social hacia la problemática habitacional y la dificultad de alcanzar acuerdos políticos en un escenario de fragmentación parlamentaria. La resolución del conflicto dependerá de la capacidad del Gobierno para gestionar las alianzas necesarias y responder a las demandas sociales emergentes.