El Gobierno aprueba indemnizaciones iniciales para víctimas de la represión franquista.

En Madrid, el 26 de marzo, se ha revelado que el Ejecutivo está explorando alrededor de 50 solicitudes de reparación e indemnización dirigidas a personas que fueron asesinadas o gravemente heridas durante la represión franquista en un periodo que abarca desde el 1 de enero de 1968 hasta el 29 de diciembre de 1978. Esta información fue presentada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Durante un Pleno del Congreso enfocado en la convalidación de un decreto ley destinado a modificar la Ley de Memoria Democrática, el ministro explicó que el objetivo de estas modificaciones es brindar soporte a este grupo de víctimas y extender el periodo de aplicación hasta el 29 de diciembre de 1978, coincidiendo con la entrada en vigor de la Constitución.

Torres detalló que la comisión responsable de evaluar estas solicitudes ha recibido cerca de 50 peticiones y ha procesado 18, de las cuales ya se han aprobado 15. Entre los casos significativos se encuentra el de Manuel José García Caparrós, que a los 18 años fue asesinado el 4 de diciembre de 1977 durante una protesta en Málaga por la autonomía de Andalucía.

Además, se ha decidido indemnizar a los familiares de Víctor Manuel Pérez, quien a sus 23 años fue acribillado en Portugalete mientras repartía octavillas a favor de una huelga, y de Amador Rey, quien fue asesinado junto a su compañero Daniel durante una movilización en Ferrol en 1972, dejando atrás a su esposa y tres hijos.

La comisión también ha aprobado el reclamo de la familia de Ángel Almazán, quien falleció en 1976 tras ser golpeado por miembros de la policía al final de una manifestación, así como el de Juan Gabriel Rodrigo Nafo, que perdió la vida por la represión en las protestas obreras en Tarragona en marzo de 1976.

El ministro destacó el caso de Francisco Javier Nuñez Fernández, quien, al regresar de misa con su pequeña hija de tres años, se vio envuelto en la represión policial contra una manifestación en Bilbao. Logró dejar a su hija a salvo, pero fue agredido brutalmente por las fuerzas del orden. Al intentar denunciar el abuso al día siguiente, fue torturado, forzado a ingerir un litro de aceite de ricino y coñac, y su muerte ocurrió 13 días después en el hospital, un episodio que fue recordado por el ministro en presencia de la viuda y la hija de Nuñez Fernández en el hemiciclo.