El pasado 1 de abril, el Consejo de Ministros, bajo la propuesta del Ministerio de Hacienda, ha tomado una decisión significativa al aprobar un real decreto que obliga a las guarderías a comunicar su autorización para operar. Esta medida busca equiparar dichas instituciones a los centros de educación infantil, en respuesta a una reciente decisión del Tribunal Supremo que amplió la deducción por maternidad en el IRPF para incluir los gastos de custodia en guarderías.

El primer artículo de este decreto modifica el artículo 69 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), estableciendo nuevas obligaciones informativas para los centros que atienden a menores durante sus primeros años educativos.

La administración ha justificado esta reforma como una necesidad de adecuar la normativa referente a la deducción por maternidad, tras la relevante Sentencia del Tribunal Supremo 8/2024, que reconoció el derecho de las madres trabajadoras a un aumento de hasta mil euros en la deducción por los gastos de custodia de sus hijos menores de tres años en guarderías.

Según el artículo 81.2 de la ley del IRPF, la deducción por maternidad puede incrementarse en hasta 1.000 euros adicionales para aquellos contribuyentes que hayan incurrido en gastos de custodia en "guarderías o centros de educación infantil autorizados" durante el período tributario.

El reglamento del IRPF también especifica que estos centros deben presentar una declaración informativa relativa a los menores bajo su cuidado y los gastos que permitirían el incremento de dicha deducción, incluyendo sus datos de identificación y la autorización correspondiente expedida por la administración educativa competente.

La sentencia del Tribunal Supremo destaca que la Administración tributaria solía rechazar la deducción por gastos en guarderías al considerar que solo se podían deducir los pagos realizados a centros que cuenten con una autorización educativa oficial. Esto dejó a muchas guarderías fuera del marco, ya que, por lo general, no poseen tal autorización para ofrecer educación infantil, lo que les impide emitir la documentación fiscal necesaria.

Con la modificación introducida este martes, el Gobierno busca, según sus declaraciones, facilitar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones tributarias garantizando un proceso más claro y accesible.

De manera adicional, el real decreto también incluye cambios en el Reglamento General de actuaciones e inspección tributaria, aprobado previamente en 2007, con la finalidad de actualizar las responsabilidades informativas de las entidades financieras en el contexto actual.