La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha afirmado que la constitucionalidad de la Ley de Amnistía será determinada por el Tribunal Constitucional (TC), luego de que los letrados del Senado expresaran en un informe que la norma va en contra de la Carta Magna y constituye una reforma encubierta de la misma.

Alegría ha manifestado su respeto por el informe, pero ha dejado claro que la decisión sobre la adecuación de la ley a la Constitución corresponde al TC. "Es crucial recordar y aclarar este punto", ha subrayado.

Asimismo, la ministra ha señalado que la postura del Gobierno respecto a la Ley de Amnistía es coincidente con la de Europa y así lo reflejó el informe de la Comisión de Venecia, un organismo vinculado al Consejo de Europa.

Sin embargo, los periodistas han destacado que el mencionado informe también presenta objeciones a la ley, critica el procedimiento de urgencia, señala que ha generado una profunda división en la sociedad española y demanda que se restrinja el alcance de la misma.

Alegría ha respondido que el informe "respalda claramente la ley" al indicar que no afecta al principio de igualdad ni a la separación de poderes, ya que la decisión final estará en manos de los jueces. Asimismo, ha señalado que no se necesita una modificación constitucional para aprobarla, ya que se puede lograr mediante una ley orgánica. El informe destaca que sería deseable contar con una mayoría cualificada en lugar de absoluta.

Finalmente, la ministra ha destacado que el informe también insinuaba la necesidad de lograr un mayor consenso en la aprobación de la norma, por lo que ha instado al Partido Popular --quien solicitó el informe de la Comisión de Venecia, según ha recordado-- a respaldar esta ley que considera esencial "para empezar una nueva etapa de reconciliación con Cataluña".