En un giro inesperado en la situación política de Corea del Sur, el abogado del presidente destituido, Yoon Suk Yeol, ha anunciado este domingo que su cliente no asistirá a la primera sesión del juicio político programada para el 14 de enero. La decisión ha sido tomada en un contexto donde el clima de inseguridad parece dominar, exacerbado por la declaración de ley marcial emitida por el presidente a principios de diciembre.

Yoon Gap Geun, parte del equipo legal del exmandatario, argumentó que existen serias preocupaciones por la seguridad de su cliente. En declaraciones a la agencia de noticias Yonhap, destacó la presión ejercida por la Agencia de Investigación Criminal de Altos Funcionarios y la Agencia Nacional de Policía, quienes buscan ejecutar una orden de detención que él califica de ilegal e inválida, utilizando métodos indebidos. Esta situación añade una capa de tensión a un ya complejo panorama político.

El abogado dejó claro que la comparecencia de Yoon en el juicio constitucional es contingentada a la resolución de estas preocupaciones de seguridad personal. Afirmó: “Una vez que se aborden estos problemas de seguridad, el presidente está dispuesto a presentarse en cualquier momento”. Este comentario resuena con la creciente incertidumbre que rodea a la política surcoreana, marcando la postura defensiva que el exmandatario ha tomado ante las acusaciones en su contra.

El Tribunal Constitucional, por su parte, ha organizado un total de cinco fechas para las alegaciones formales, comenzando el día 14 y continuando con sesiones el 16, 21, 23 de enero y finalizando el 4 de febrero. Esta programación refleja la gravedad de la situación y la importancia del caso en el panorama político actual.

La situación se complica aún más tras la reciente decisión de la Justicia surcoreana de extender el plazo para la detención de Yoon, provocando preocupación luego de varios intentos fallidos de arrestarlo en su residencia oficial. Las órdenes de arresto han sido emitidas en respuesta a su negativa a cumplir con las citaciones judiciales relacionadas con la ley marcial, un asunto que ha desencadenado una crisis política significativa en el país.