En una reciente revelación que ha sacudido el ámbito deportivo español, el Consejo Superior de Deportes (CSD) ha manifestado su descontento con la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que ha decidido desestimar los lineamientos estratégicos propuestos para la selección de las sedes que representará a España en la candidatura al Mundial de Fútbol 2030, junto a Portugal y Marruecos. Como resultado de esta decisión, el CSD subrayó que no participó ni avaló ninguna de las elecciones realizadas respecto a los estadios.

La RFEF, por su parte, ha emitido un comunicado para abordar la controversia generada por la selección de once estadios, dejando de lado el ABANCA Balaídos en favor de Anoeta. En respuesta a reportes que sugieren manipulación en las puntuaciones, se explicó que la evaluación se base en normativas establecidas por la FIFA, aplicables a otros eventos deportivos, incluyendo el Mundial Femenino de Fútbol 2027 en Brasil.

Según se detalla, la selección de criterios para las puntuaciones fue ajustada con contribuciones de los miembros del Comité Ejecutivo del Mundial, así como de la Comisión de Supervisión, Normalización y Representación, que forma parte del CSD, así como del propio organismo gubernamental.

A pesar de estas aclaraciones, el Consejo ha dejado claro que, ante la decisión de la RFEF de restringir a once las sedes, propuso criterios técnicos y estratégicos, argumentando que el proyecto debe ser visto como una iniciativa nacional que busca integrar diversas culturas y continentes. El CSD abogaba por incluir representaciones de todas las Comunidades Autónomas interesadas, valorar la insularidad y la proximidad geográfica a los países que coorganizarán el Mundial. Sin embargo, la RFEF no aceptó tales consideraciones, lo que llevó al CSD a distanciarse de las decisiones tomadas posteriormente.

José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, recordó que siempre ha defendido un enfoque ambicioso respecto a las sedes del Mundial de 2030. También reveló que el 18 de julio de 2024 se envió una carta a la RFEF instando a que se consideraran trece sedes españolas, y el 26 de julio siguió con una misiva a la FIFA enfatizando que la decisión sobre las sedes fue encarada únicamente desde el ámbito de la federación.