El grupo Sumar ha hecho un llamado urgido al Gobierno para que implemente las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO), las cuales incluyen la eliminación de los aforamientos, la regulación de asesores y la prevención de la corrupción en las fuerzas policiales.

Este martes, el Pleno del Congreso se pronunciará sobre una propuesta de ley presentada por Sumar, la cual busca establecer una Oficina de Prevención de la Corrupción con facultades sancionadoras. La iniciativa, registrada en marzo de 2024, busca alinearse con el Plan Anticorrupción anunciado por el actual Ejecutivo de coalición.

En una rueda de prensa reciente, el portavoz de Izquierda Unida (IU) en el Congreso, Enrique Santiago, destacó que desde el registro de esta propuesta han surgido numerosos escándalos de corrupción en España. Mencionó los casos en los que se encuentran implicados exsecretarios de Organización del PSOE, como Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y la situación relacionada con el exministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro.

La urgencia de establecer esta oficina se ha intensificado con la elaboración de un Plan Estatal para la lucha contra la corrupción por parte del Gobierno, el cual incluye la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, una medida que Sumar se enorgullece de haber propuesto previamente.

El proyecto de ley no solo busca crear un organismo cuya función será prevenir, detectar e investigar actos de corrupción, sino que también pondrá en marcha planes para fortalecer la integridad en el sector público. La propuesta está compuesta por seis títulos y 54 artículos, además de diversas disposiciones transitorias y finales.

Enrique Santiago aseguró que, aunque consideran que su ley es robusta, están abiertos a recibir sugerencias para su mejora. Si la propuesta es rechazada, advirtió que la interpretación sería clara: falta de compromiso para erradicar la corrupción.

Entre las medidas que contempla la iniciativa, se establece la posibilidad de imponer sanciones de hasta un millón de euros a empresas implicadas en los casos más graves, así como restricciones a su capacidad de contratación con la administración pública. En el caso de individuos, la sanción máxima podría alcanzar los 400.000 euros.

La nueva oficina tendría el estatus de autoridad independiente y estaría dirigida por un profesional sin afiliación política, acompañado de un equipo de inspección que sería seleccionado por un proceso de oposición. Además, podría investigar el uso indebido de fondos públicos y solicitar documentación a instituciones y entidades bancarias, con la facultad de imponer sanciones que incluyen la prohibición de recibir subsidios o beneficios fiscales durante un máximo de cuatro años.

El plan también incluye la creación de códigos de conducta, sistemas internos de alerta y un buzón para recibir denuncias. Las investigaciones se llevarían a cabo en un plazo no mayor a seis meses, con la posibilidad de extenderse en casos complejos. La Oficina Anticorrupción tendrá autoridad para examinar documentos y registros en entidades del sector público, así como pedir información a cualquier individuo o entidad que maneje fondos públicos.

Por otro lado, Santiago recordó que el GRECO indicó en agosto que España aún no ha implementado muchas de sus recomendaciones, aunque ha reconocido algunos avances. Entre las recomendaciones más urgentes se encuentran regular el régimen de asesores, limitar los aforamientos y reforzar la prevención de la corrupción en la Policía Nacional.

El portavoz reafirmó la postura de su grupo respecto a la eliminación de los aforamientos, señalando que, aunque en algunos casos no han causado impunidad, su eliminación es necesaria. Además, destacó las mejoras reconocidas en la Guardia Civil y la regulación de los 'lobbies', un aspecto que, según él, la derecha se ha opuesto sistemáticamente.

Finalmente, Santiago hizo un llamado a la atención sobre los 30 casos de corrupción aún en investigación o esperando juicio que involucran al Partido Popular y a más de 150 de sus dirigentes, al tiempo que mencionó también casos de corrupción dentro del PSOE, como el caso Filesa y el de Koldo García, exasesor de Ábalos, instando a implementar medidas concretas para evitar que estas situaciones se repitan.