El Congreso aprueba la ley para nacionalizar a saharauis nacidos antes de 1977

El Congreso de los Diputados dará hoy su respaldo a una ley que facilitará la concesión de la nacionalidad española a aproximadamente 80.000 saharauis nacidos en el Sahara Occidental bajo administración española antes del 29 de septiembre de 1977. La iniciativa, que pasa a la fase de debate en el Senado, llega en un contexto de alta tensión diplomática con Marruecos, tras la crisis migratoria en Ceuta y la ruptura de relaciones diplomáticas.

La propuesta surge en un momento en el que las relaciones entre España y Marruecos atraviesan una difícil coyuntura. Rabat mantiene reclamaciones territoriales sobre el Sahara Occidental y ha expresado su rechazo a la tramitación de la ley. La crisis migratoria en Ceuta, con más de 70.000 entradas irregulares en julio, ha profundizado en las tensiones, que algunos analistas consideran una estrategia de Marruecos para presionar a España.

Desde el punto de vista político, la ley ha generado debates internos y externos. Aunque el PSOE inicialmente mostró reticencias, finalmente ha garantizado su apoyo, junto a los partidos de izquierda y algunos de la oposición, que consideran que la medida supone una reparación histórica. La norma también modifica el Código Civil para facilitar la obtención de la nacionalidad tras dos años de residencia en España y establece que las solicitudes serán gratuitas y podrán presentarse durante tres años, ampliables un año más.

El debate en el Congreso se produce en un contexto judicial complejo, tras la suspensión cautelar de la 'ley de nietos' por parte del Tribunal Supremo, que cuestiona los requisitos para la adquisición de la nacionalidad. La polémica refleja las tensiones políticas y judiciales en torno a los procesos de nacionalización y la política exterior española respecto al Sahara y Marruecos. Además, fuerzas políticas como Vox y Iustitia Europa han presentado recursos contra estas leyes, alimentando un escenario de incertidumbre.

Desde una perspectiva geopolítica, la aprobación de esta ley refuerza la postura de España en relación con el Sahara Occidental, en línea con el Frente Polisario y la comunidad saharaui, que ven en ella un acto de reconocimiento histórico. Sin embargo, la posición de Marruecos sigue siendo de rechazo, considerando la iniciativa una interferencia en sus reclamaciones territoriales. La situación podría afectar las futuras relaciones diplomáticas y la cooperación regional en el Magreb.

De cara al futuro, la ley puede marcar un punto de inflexión en la política de integración de los saharauis en España y en la postura del Gobierno respecto a la cuestión saharaui. La comunidad internacional seguirá de cerca este proceso, que puede influir en la dinámica de la región y en la búsqueda de una solución diplomática al conflicto del Sahara. La continuidad del apoyo político y la gestión de las relaciones con Marruecos serán claves para la evolución de esta iniciativa.