El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha comenzado a examinar las reclamaciones presentadas por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su predecesora inmediata, Dolores Delgado, debido a la divulgación de información personal contenida en la documentación entregada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil al Tribunal Supremo (TS) en el marco de la investigación al jefe del Ministerio Público.

De acuerdo con el CGPJ, la Dirección de Supervisión y Control de Datos del CGPJ "ha iniciado actuaciones previas en relación con los escritos recibidos en el órgano de gobierno de los jueces a raíz de la notificación a las partes personadas en la causa especial 20557/2024 que se sigue en el Tribunal Supremo de un informe elaborado por la UCO".

El CGPJ ha señalado que esta dirección "llevará a cabo las actuaciones que resulten oportunas" tras revisar los escritos enviados tanto por García Ortiz como por Delgado, quien actualmente se desempeña como fiscal de sala coordinadora de la Unidad de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

El Consejo recuerda que "las responsabilidades de las autoridades de protección de datos respecto a las operaciones de tratamiento realizadas con fines judiciales por los juzgados, tribunales y oficinas judiciales corresponden, según lo dispuesto en el artículo 236 octies de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), al CGPJ".

El lunes pasado, García Ortiz envió un escrito al CGPJ solicitando que se tomen "todas las medidas de protección personal y de la intimidad que correspondan o se inste a las autoridades competentes a hacerlo". También pidió "medidas provisionales necesarias y proporcionadas para garantizar el derecho fundamental a la protección de datos", según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

En la misma línea, Delgado envió cartas al CGPJ y al Tribunal Supremo (TS) ese día, expresando la misma preocupación por la divulgación de información personal contenida en el informe de la UCO, incluido su número de teléfono, "sin precauciones que podrían haber evitado la previsible filtración de su contenido".

La ex fiscal general del Estado denunció que estaba recibiendo "llamadas anónimas repetidas" a las que no respondía, lo que le generaba intranquilidad, inseguridad y obligó a cambiar de terminal debido a la falta de medidas de prevención adecuadas.

El motivo de estas quejas son los documentos adjuntos al último informe entregado por la UCO al TS, relacionado con el tráfico de llamadas telefónicas del fiscal general del Estado entre el 8 y el 14 de marzo, que contienen datos personales como números de teléfono, direcciones y DNI.

Estos documentos forman parte de la investigación del TS sobre García Ortiz y otros fiscales por la presunta filtración contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En particular, el magistrado Ángel Hurtado investiga la filtración de un correo electrónico enviado por la defensa de González Amador al fiscal Julián Salto el 2 de febrero de 2024, así como la denuncia presentada por la Fiscalía de Delitos Económicos de Madrid contra el compañero de la mandataria regional.

Además, Hurtado está analizando una nota de prensa emitida el 14 de marzo por la Fiscalía para desmentir una información publicada por 'El Mundo', que incluía datos personales en referencia a un presunto ofrecimiento de pacto a González Amador. En ese comunicado también se mencionaba el intercambio de correos electrónicos entre Salto y la defensa, que contenían información personal.