Tres vocales conservadores consideran "insuficiente" el rechazo del Gobierno y las comisiones

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reafirmado este martes su rechazo a las referencias al 'lawfare' en el acuerdo entre PSOE y Junts, al tiempo que ha advertido que estará "atenta" a la creación de las primeras comisiones parlamentarias para detectar estos casos.

El órgano ejecutivo del CGPJ ha acordado ratificar la declaración realizada el pasado 9 de noviembre, tras conocerse el acuerdo en cuestión, en la que expresó una "oposición frontal" a la creación de comisiones parlamentarias para detectar supuestos casos de 'lawfare' y advirtió que actuaría de acuerdo a los cauces legales si estas se materializan.

La Comisión Permanente ha debatido este asunto en una reunión extraordinaria convocada a petición de los vocales conservadores José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona y Carmen Llombart, después de que la Mesa del Congreso de los Diputados haya aprobado la formación de dos comisiones de investigación sobre los atentados yihadistas de Barcelona y Cambrils en agosto de 2017 y sobre la llamada 'Operación Cataluña'.

En este contexto, la Comisión Permanente ha añadido a su declaración inicial que "el Consejo General del Poder Judicial estará vigilante, en defensa de la independencia judicial, en relación con el desarrollo de las mencionadas comisiones parlamentarias de investigación".

El acuerdo ha sido aprobado con el voto de calidad del presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, después de que tanto él como las vocales progresistas Roser Bach y Mar Cabrejas expresaran su apoyo al texto. Mientras tanto, la vocal progresista Pilar Sepúlveda ha votado en blanco.

Sin embargo, los tres promotores --Ballestero, Carmona y Llombart-- han votado en contra y han anunciado la presentación de un voto particular debido a que consideran que el acuerdo es "insuficiente" y necesita ser ampliado, según ha informado el CGPJ.

Estos tres vocales solicitaron la reunión extraordinaria al considerar que la amenaza planteada en el acuerdo entre el PSOE y Junts se ha hecho realidad con la creación de estas dos comisiones parlamentarias.

"Ha llegado, por lo tanto, el momento de continuar con la oposición anunciada a la creación de dichas comisiones en el legítimo ejercicio de las competencias atribuidas a este Consejo, creado precisamente por la Constitución Española, superando la etapa dictatorial de unidad de poder y coordinación de funciones, para garantizar la independencia del Poder Judicial", afirman en su voto particular.

Ellos consideran que esto es "una exigencia democrática" debido a que con estas comisiones se busca "generar un nuevo tipo de responsabilidad de jueces y magistrados, que ya no sería solo la legal --penal, civil o disciplinaria-- sino también la responsabilidad política, contraria al modelo de juez constitucional, independiente en cuanto sometido únicamente al imperio de la Ley".

"Este juez constitucional y europeo, el único que puede garantizar un juicio justo", señalan, es "al que ponen en cuestión" las recientes declaraciones realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y por su ministro de Transportes, Óscar Puente.

SÁNCHEZ Y PUENTE

Sobre el primero, recuerdan que en una entrevista concedida a TVE afirmó la existencia de 'lawfare' en España, mientras que sobre Puente indican que al ser preguntado en eldiario.es por estos casos contestó: "Esto es como las meigas, uno puede no creer en ellas, pero haberlas haylas. Casos de 'lawfare' sin duda hay en este país. Y negarlo es un gesto de cinismo. Yo creo que el Poder Judicial tampoco puede agarrarse al corporativismo y decir que no hay casos de 'lawfare'".

Los tres vocales consideran que todo esto conforma "un inadmisible e injustificado clima de agitación y propaganda contra jueces y magistrados que, sin embargo, se han limitado a aplicar, con las garantías propias de un juicio justo según los más altos estándares del Estado de Derecho, leyes, como el vigente Código Penal, aprobadas por las Cortes Generales nacidas de la Constitución Española".

Por lo tanto, creen que su propuesta original, en la que pedían expresamente el rechazo de las declaraciones del Gobierno y la formación de estas dos comisiones parlamentarias, debería haber sido aprobada por la Comisión Permanente.