El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy el informe sobre la propuesta de ley de amnistía redactado por el vocal del sector conservador Wenceslao Olea. El texto, respaldado por la mayoría conservadora del órgano, argumenta que la norma es inconstitucional al vulnerar la separación de poderes y el principio de igualdad.

Madrid, 21 de marzo.

El informe de Olea ha sido aprobado con nueve votos a favor, cinco en contra y dos votos en blanco. Este análisis se ha realizado tras estudiar dos informes opuestos sobre la amnistía solicitados por el Senado: el de Olea y el de la vocal Mar Cabrejas, del sector progresista.

De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas, el informe aprobado destaca que la propuesta de ley no cumple con los valores y principios de la Constitución. Se argumenta que la amnistía no está reconocida en el Derecho español según la legislación vigente, la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Además, el informe señala que la proposición vulnera el derecho a la igualdad y la separación de poderes, al tiempo que critica la falta de concreción temporal y la ambigüedad en la definición de violaciones de derechos humanos, especialmente en casos de terrorismo.

El documento también cuestiona la tramitación parlamentaria y advierte que dejar sin efecto decisiones judiciales a través de esta ley va en contra de lo establecido por la Constitución. Asimismo, resalta la falta de claridad en el alcance de la amnistía y la posible interpretación variada de sus disposiciones.

Por otro lado, el informe insiste en excluir delitos de terrorismo de la amnistía y señala que la propuesta ignora la naturaleza de la normativa europea al eliminar referencias al Código Penal nacional en favor de directivas de la Unión Europea.

Además, se critica la celeridad con la que se pretende implementar la ley, ya que no se ajusta a los plazos necesarios para un análisis riguroso y adecuado. También se considera que la facultad de declarar la amnistía de oficio por parte de un órgano judicial va en contra de principios esenciales del proceso penal.

Este movimiento del CGPJ no es nuevo. El pasado noviembre, los vocales ya habían emitido una declaración institucional que advertía que una ley de amnistía supondría la "abolición" del Estado de Derecho. Esto generó divisiones internas en el órgano entre conservadores y progresistas.

Tras el acuerdo entre PSOE y Junts, la Comisión Permanente mantuvo su oposición a investigaciones parlamentarias sobre 'lawfare'. Sin embargo, vocales conservadores consideraron insuficiente la postura del órgano ejecutivo ante estas declaraciones.

En la reunión de hoy, el CGPJ ha debatido los informes a petición del Senado, que amplió los plazos para recabar opiniones sobre la amnistía. Aunque la consulta no era obligatoria al tratarse de una proposición de ley, el CGPJ decidió pronunciarse debido a la relevancia del tema.

Los dos vocales ponentes presentaron sus conclusiones el 12 de marzo, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, expresó su respeto por ambos informes en una rueda de prensa. Sin embargo, cuestionó la imparcialidad de los vocales conservadores alineados con el Partido Popular.

A pesar de las diferencias entre los informes, ambos coinciden en la falta de claridad temporal de la ley de amnistía y plantean dudas sobre el tratamiento del delito de terrorismo.