En un análisis reciente, se estima que hasta 3 millones de familias con ingresos bajos y moderados en los cinco países más poblados de Europa —Alemania, España, Francia, Italia y Polonia— podrían optar por vehículos eléctricos para el año 2032. Este cambio se impulsaría gracias al concepto de renting o leasing social, tal como revela un estudio de Transport & Environment (T&E) con datos del Öko-Institut.

El leasing social, que permite la renta de coches eléctricos con precios accesibles, se encuentra ya en funcionamiento en Francia y ofrece una oportunidad para que otros estados miembros de la UE implementen una iniciativa similar. La propuesta se centra en vehículos con un precio inferior a 25.000 euros, pudiendo alquilarse con tarifas que oscilan entre 130 y 215 euros al mes.

Laura Vélez de Mendizábal, experta en electromovilidad de T&E España, subraya la importancia de apoyar a las familias en su transición de coches con motor de combustión a eléctricos. Para ella, este soporte es fundamental para disminuir la dependencia de combustibles fósiles y afrontar el constante aumento de los precios del combustible.

Vélez de Mendizábal también advierte que las subvenciones actuales a la compra de vehículos eléctricos frecuentemente favorecen a quienes no las requieren. En este contexto, el leasing social se presenta como una alternativa viable para miles de ciudadanos atrapados en vehículos contaminantes y costosos.

Para financiar esta iniciativa, T&E sugiere que los países de la UE incluyan el leasing social en sus Planes Nacionales para el Clima, utilizando los ingresos del mercado de carbono en el sector del transporte y la edificación. Según este análisis, para el año 2032 se podrían generar hasta 16.000 millones de euros en los cinco países analizados para costear el leasing social.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que en 2026, el primer año de implementación del Fondo Social para el Clima, la cifra podría bajar hasta los 4.000 millones de euros. Para solucionar este desfase, T&E propone anticipar parte de los ingresos futuros del mercado de carbono a 2025 y 2026, lo que permitiría a los estados endeudarse en función de ingresos esperados.

Esta medida es crucial para implementar distintas iniciativas, como el leasing social, antes de que el impacto del mercado de carbono se note en el precio del combustible en 2027.

En las naciones más pobladas de la UE, donde vive aproximadamente el 65% de la población, se estima que cerca de 20 millones de personas con ingresos bajos y medios que habitan en áreas rurales dependen de vehículos de combustión. En España, la proporción de hogares con automóviles es mayor en zonas rurales que en urbanas, lo que incrementa su vulnerabilidad ante el aumento del precio de los combustibles.

El alto costo de la gasolina penaliza a los hogares que necesitan un vehículo para sus desplazamientos diarios, convirtiendo el gasto en carburantes en un peso significativo sobre sus economías. Cualquier incremento futuro en los precios, por ejemplo, relacionado con la tarificación del carbono, solo haría que la situación resultara más insostenible.

La situación crítica del transporte para muchas familias en Europa exige la implementación de políticas integrales que faciliten una movilidad sostenible. T&E sostiene que el leasing social podría ser fundamental en este contexto, sumándose a otras iniciativas que promuevan el uso compartido de vehículos, mejoren el transporte público y amplíen las opciones de movilidad activa.

La creación de planes de leasing social a nivel nacional se necesitaría ajustar a las condiciones locales. Para identificar a los beneficiarios, los gobiernos deben considerar factores como la posesión de vehículos, el nivel de ingresos y la ubicación geográfica. Un hogar en el 40% más bajo de ingresos en una zona rural sería un candidato ideal para acceder a este tipo de renting.

Si se contempla un plazo de leasing de seis años, T&E proyecta que esta medida podría beneficiar entre 1,5 y 3 millones de hogares en los cinco países analizados, impactando aproximadamente al 27% de los hogares de ingresos bajos y medios en zonas rurales. Esto generaría además una nueva demanda para los coches eléctricos, representando un 12% del total de vehículos eléctricos en circulación en 2032, lo que podría ofrecer una oportunidad económica a los fabricantes europeos, siempre que se favorezcan los productos locales.

Finalmente, T&E recalca la necesidad de que la UE colabore con sus Estados miembros para negociar las mejores ofertas en la adquisición de vehículos eléctricos con el fin de alimentar estos planes de leasing social. Así, en el marco de futuras directrices anunciadas en el Pacto Industrial Limpio, se propone la creación de una plataforma para vehículos eléctricos asequibles, que actúe como punto de contacto para facilitar la información y la negociación con los fabricantes.

Es importante señalar que el leasing social no debe ser la única herramienta empleada por los gobiernos para abordar las vulnerabilidades en el transporte. Se requiere un enfoque más amplio que incluya medidas dirigidas a promover la movilidad activa, sistemas de transporte público mejorados, programas de car sharing, incentivos para el desguace de vehículos antiguos y el impulso de la infraestructura de carga necesaria para vehículos eléctricos.