Las recientes huelgas convocadas por jueces y fiscales han dejado claro el descontento ante las reformas del Gobierno en el acceso a estas profesiones y en la gestión de la Fiscalía. A lo largo de tres días de protestas, del 1 al 3 de julio, se ha informado que el apoyo a la medida alcanzó un 70% en promedio, según las organizaciones convocantes.

En un comunicado conjunto, diversas asociaciones, entre ellas la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), destacaron que la jornada de huelga ha tenido una acogida significativa, contabilizando un 65% de participación en el último día. Reiteraron su postura de que la movilización ha sido un éxito, señalando el alto respaldo a sus reivindicaciones.

Si bien los convocantes expresaron su satisfacción por la elevada participación, también manifestaron su preocupación por los inconvenientes que esta situación ha podido causar a los ciudadanos y profesionales del ámbito jurídico. A través de su comunicado, se disculparon sinceramente con los afectados y reafirmaron su compromiso de actuar con responsabilidad en la defensa de sus derechos y del Estado de Derecho.

Desde el punto de vista de los organizadores, esta huelga es un acontecimiento sin precedentes en el ámbito judicial español, dado que no se había visto antes una serie de tres días de movimientos por parte de jueces y fiscales, un claro indicator de la gravedad de la situación que enfrentan. Subrayaron que su protesta busca salvaguardar la independencia judicial y la integridad del sistema legal.

Las organizaciones han criticado enérgicamente las reformas impulsadas de manera urgente por el Gobierno en el Parlamento, que, según ellos, no fueron consultadas adecuadamente con los profesionales del sector. También argumentan que estas modificaciones representan un incremento del poder del fiscal general, al tiempo que debilitan los principios de igualdad y mérito en el acceso a la judicatura.

Particularmente señalaron que la introducción de jueces y fiscales sustitutos a través de un examen específico afecta de manera adversa a miles de jóvenes que se han preparado para acceder a estas profesiones, la mayoría de los cuales son mujeres. Este hecho ha sido calificado como una injusticia que ignora su esfuerzo y dedicación.

Las críticas también se han dirigido al Ministerio de Justicia, que ha permanecido en silencio frente a las demandas de los profesionales. Desde las asociaciones, consideran inaceptable que no se haya abierto un diálogo para resolver esta crisis, algo que es común en otras circunstancias de conflictos laborales en España.

De manera adicional, se mencionó una enmienda presentada por el PSOE que podría agravar aún más la situación para los jueces y fiscales sustitutos, lo que generó reacciones incluso de aquellos grupos que no apoyan la huelga, como Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF), quienes también se manifestaron en contra de la propuesta.

Durante la primera jornada de huelga, las asociaciones reportaron un seguimiento del 75%, cifra que fue significativamente reducida por el Ministerio de Justicia a solo un 28%. A lo largo de los días, a pesar de las discrepancias en las cifras, las asociaciones persistieron en su declaración de que la movilización tenía un fuerte respaldo, basada en informes de participantes que comunicaron su decisión de hacer huelga.

Por su parte, el Ministerio de Justicia se fundamenta en datos proporcionados por los Tribunales Superiores de Justicia, lo que ha suscitado tensiones sobre la veracidad de las cifras. Los convocantes apuntaron que el trabajo de jueces y fiscales va más allá de los juicios, implicando una función crucial para el Estado de Derecho que no puede medirse solo en términos de audiencias suspendidas.

Las organizaciones convocantes han planes de reunirse el 4 de julio para evaluar el impacto de la huelga y tomar decisiones para el futuro. Fomentaron la comprensión de la ciudadanía durante estos días difíciles, manifestando su firme compromiso con la lucha por un sistema judicial más justo y eficiente.

Con estas movilizaciones, las asociaciones reafirmaron su preocupación por las reformas del acceso a la judicatura y la Fiscalía, argumentando que las modificaciones amenazan la independencia judicial, un punto que el Gobierno rechaza, defendiendo en cambio la necesidad de estas reformas como parte de un proceso de modernización de la administración de justicia.